“Es escandaloso que se haya requerido información de la quinta parte de la población”

El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) fue la primera organización en hacer pedidos de acceso a la información y finalmente presentar una denuncia en torno Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019 y que la Justicia suspendió hace unos días luego de detectar gravísimas irregularidades.

“El amparo nace de un pedido de acceso a la información pública, cuando notamos que quien en ese entonces era el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli había dicho que se iba a implementar este Sistema. En ese momento se hablaba de los problemas que había habido en otros lugares del mundo sobre los falsos positivos, discriminación y vulnerabilidad de derechos. Nos hablaron de las falencias que tenía el sistema ante la imposibilidad de diferencias la textura de piel, los rasgos de los ojos, entonces nos planteamos 77 preguntas que creíamos debía responder el gobierno porteño y nos presentamos a la Justicia. De estas preguntas solo nos contestaron algunas y allí iniciamos el habeas data”, explica en exclusiva a este multimedio Rodrigo Iglesias, abogado de ODIA.

En el plano de la vulneración a la privacidad, la criminalización y el ataque a múltiples derechos también alertaron desde un comienzo sobre esta tecnología utilizada para hacer vigilancia masiva por “su baja tasa de efectividad, del 52% cuando el pliego exigía un 97% y en ese pliego además plantea que se deben detectar emociones, por lo tanto sabíamos que los derechos a reunión, a protesta, iban a ser vulnerados e incluso el secreto a la fuente y de confidencialidad”.

Iglesias explica que “nosotros presentamos un amparo colectivo el 23 de diciembre de 2020”. Después de varias idas y vueltas, “finalmente el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, ordena una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas”.

“Luego de esos allanamientos, el juez le pide al Renaper conocer los datos biométricos que pidió la Ciudad de Buenos Aires desde el Centro de Monitoreo y desde el Ministerio de Seguridad local, y allí nos encontramos con esto: el secretario del juzgado nos hace pasar a nosotros y al CELS y nos dicen que hay seis solapas sumando en total 10 millones de peticiones sobre personas. Era escandaloso porque es tres veces la población de la Ciudad Autónoma y 1/5 de la población argentina. No tiene sentido que el Renaper gire estos datos de manera descontrolada, es irracional que no haya un control de parte de las peticiones, para qué las usaron”, remarcó el letrado.

Iglesias confiesa además que “estábamos muy asustados, somos académicos en derecho informáticos, escribimos textos jurídicos, litigamos en contra del Censo, osea nada tenemos que ver con la política”. El abogado informó que este miércoles vence el plazo para que el gobierno porteño informe responda aquellas 77 preguntas iniciales de los demandantes pero lo puede hacer por escrito.

En un ensayo de defensa, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro salió a responderle a Gallardo, y lo acusó de hacer una “ensalada”: dijeron que las búsquedas hechas en el Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados” por la misma.

Sin embargo, Iglesias señaló: “Lo que brinda el Renaper es nombre de la persona, ubicación de la misma con fecha y hora y foto del DNI pata insertarla en sistema de Prófugos. Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Watch detectaron 82 menores dentro de la base del Conarc uno de ellos de tres años buscado por robo calificado por abuso e armas”.