Especialistas aseguran que el decreto que reduce las indemnizaciones laborales es inconstitucional

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial que modificó la forma de calcular las indemnizaciones laborales por accidente o muerte encendió las alarmas en distintos sectores del ámbito del derecho por su cuestionable constitucionalidad.

El decreto establece que para el cálculo indemnizatorio se aplicará el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en lugar de la tasa activa del Banco Nación que era la utilizada hasta ahora. De esta forma las indemnizaciones por accidentes o muerte en el ámbito del trabajo se reducirán considerablemente.

Consultado por Infobae, el cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y fundador de la agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, quien cuestionó el decreto del gobierno al destacar que “en primer lugar el Derecho Laboral es de orden público y los decretos no pueden alterar la letra y el espíritu de las leyes”, y agregó “en segundo lugar, vulnera a la baja el monto de las indemnizaciones por accidentes y muerte, y para peor lo hace con efecto retroactivo”.

Rizzo anticipó que el Colegio Público está trabajando en un planteo de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Mauricio Macri que será presentado en los próximos días. El letrado sostuvo que la norma es contraria a la Constitución Nacional y sostuvo además que “incluso el artículo 7 del Código Civil y Comercial nuevo habla de la irretroactividad de la ley salvo que sea más beneficioso, que no es el caso”.

“Me parece que el gobierno no ceja, a muy poco tiempo de irse, en esta tozudez cercana al analfatismo jurídico que podemos comprobar día a día con las cosas que vienen haciendo”, agregó.

Por último, Jorge Rizzo indicó que “el Gobierno tiene una suerte de obsesión con el tema de los accidentes de trabajo. Comenzó diciendo que todos los abogados que hacen accidentes de trabajo son una asociación ilícita conjuntamente con jueces para robarle a las pobres empresas de ART. El Gobierno cree que si a un trabajador se le cae un ladrillo en la cabeza la culpa la tenemos los abogados porque hacemos en juicio y no, en primer lugar, la tiene el empleador porque no le dio el casco, y en segundo la Superintendencia porque no revisó que no le daban el casco”.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte también criticó el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. “La norma evidentemente está dirigida a beneficiar a las ART” y agregó “lo absurdo de todo esto, más allá de su inconstitucionalidad, es que a pocas semanas del accidente de Ezeiza que tuvo tanta notoriedad del Poder Ejecutivo no surja una norma que lo que plantee sea la prevención de accidentes para que no ocurra sino una norma que aumenta la rentabilidad de las ART en perjuicio de las indemnizaciones que reparan el daño causado a los trabajadores”.