CASO AEROLÍNEAS
Estados Unidos habilita a Titan Consortium a buscar bienes argentinos por una deuda de US$391 millones
Una jueza federal de Washington autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar desde este lunes procedimientos para embargar activos de la Argentina en Estados Unidos, en el marco de la disputa derivada de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La Justicia de Estados Unidos abrió una nueva instancia en el prolongado litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La jueza federal Jia M. Cobb, del Distrito de Columbia, autorizó a Titan Consortium a iniciar procedimientos para localizar y eventualmente embargar activos de la República Argentina con el objetivo de cobrar una sentencia de US$390,9 millones, más intereses.
La medida podrá comenzar a ejecutarse desde este lunes 28 de septiembre. La autorización no implica que ya se haya dispuesto el embargo de un bien específico, sino que habilita al demandante a presentar solicitudes de ejecución contra activos argentinos que puedan ser alcanzados por la legislación estadounidense.
El origen del reclamo se remonta a 2008, cuando el gobierno argentino dispuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces controladas por el grupo español Marsans. El conflicto derivó posteriormente en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.
En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$321 millones, más intereses y costas. El proceso de anulación del laudo terminó en 2019, cuando la decisión quedó firme. Posteriormente, los derechos vinculados con el reclamo fueron transferidos hasta quedar en manos de Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar la condena ante tribunales estadounidenses.
En diciembre de 2024, la Justicia estadounidense reconoció el laudo y estableció una obligación de pago de aproximadamente US$390,9 millones más intereses. La Argentina apeló esa decisión y planteó, entre otros argumentos, que el reclamo estaba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años.
Sin embargo, el pasado 21 de julio, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó ese planteo y determinó que correspondía aplicar un plazo de prescripción de 12 años. Con esa resolución, quedó allanado el camino para avanzar con la ejecución de la sentencia en territorio estadounidense.
Ahora, la jueza Cobb señaló que durante los 21 meses posteriores a la orden judicial de pago la Argentina no realizó esfuerzos para cumplir con la condena, circunstancia que permitió habilitar la nueva etapa del proceso.
Uno de los interrogantes centrales será determinar qué activos argentinos podrían ser alcanzados. El expediente aparece registrado en jurisdicciones de Nueva York y Washington, aunque eso no significa que necesariamente los pedidos de embargo deban presentarse exclusivamente allí.
Entre las posibilidades planteadas en el marco del litigio aparece nuevamente la eventual búsqueda de bienes vinculados con Aerolíneas Argentinas, incluidos sus aeronaves, aunque cualquier intento de ejecución deberá superar las normas estadounidenses que protegen determinados bienes pertenecientes a Estados soberanos.
El caso se suma además a otros reclamos contra la Argentina que buscan avanzar en tribunales estadounidenses luego de obtener decisiones favorables en el CIADI. Entre ellos aparecen Webuild, por unos US$127 millones, y Saur International, por aproximadamente US$72 millones. También existe el reclamo de Palladian Partners por los denominados Cupones PBI en euros, por una cifra cercana a los US$1.800 millones.
De esta manera, la disputa originada por la expropiación de Aerolíneas Argentinas hace 18 años entra en una nueva fase judicial: Titan Consortium quedó habilitado para comenzar a identificar activos argentinos y solicitar embargos en Estados Unidos hasta intentar satisfacer una condena que actualmente asciende a US$390,9 millones más intereses.