JUSTICIA
Freno a la reforma laboral en Comercio: la Justicia protege convenios vigentes
El fallo apunta al impacto en el financiamiento sindical y en la continuidad de derechos laborales.
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La Justicia federal de San Martín dispuso la suspensión de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el ámbito del sector comercio, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.
La resolución judicial ordenó dejar sin efecto la aplicación de los artículos 131 y 133 de la normativa, específicamente en relación al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y otros acuerdos vinculados. Además, instruyó al Poder Ejecutivo a abstenerse de aplicar dichas disposiciones mientras se sustancia el proceso de fondo.
El fallo establece que deberán mantenerse vigentes todas las cláusulas de los convenios colectivos, tanto en su faz normativa como obligacional, incluyendo los aportes sindicales. Este punto resulta clave, ya que uno de los aspectos cuestionados por el gremio fue el tope del 2% a dichos aportes, lo que —según argumentaron— podría afectar seriamente el financiamiento de las organizaciones.
En su presentación, el sindicato advirtió que la implementación de la reforma implicaba un riesgo concreto para la continuidad de los convenios colectivos y para la prestación de servicios sociales y de salud brindados por las entidades gremiales.
El juzgado entendió que existían elementos suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho invocado, así como el peligro en la demora, especialmente ante el inminente vencimiento del acuerdo paritario previsto para fines de marzo.
Asimismo, la resolución consideró que la entrada en vigencia de los artículos impugnados podría generar un impacto directo en la estructura financiera sindical, comprometiendo tanto la cobertura de prestaciones como la estabilidad del sistema de representación laboral.
La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, período durante el cual se analizará la cuestión de fondo vinculada a la constitucionalidad de los artículos cuestionados, en un escenario que vuelve a poner en tensión la aplicación de la reforma laboral impulsada a nivel nacional.