GOBIERNO

Hipotecas, vuelos y omisiones: el entramado que complica a Adorni

La Justicia avanza sobre el patrimonio del funcionario en medio de sospechas por maniobras irregulares.

El actual jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pone bajo la lupa su evolución patrimonial y diversas operaciones financieras realizadas en los últimos años.

El caso, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, examina una serie de inconsistencias vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Según la documentación analizada, la propiedad fue adquirida por un valor declarado inferior al de mercado y con un financiamiento mayoritario proveniente de terceros, lo que despertó sospechas sobre la posible existencia de testaferros o mecanismos para ocultar el origen de los fondos.

La investigación también abarca otros bienes vinculados al entorno familiar del funcionario, entre ellos una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa. Los montos asociados al mantenimiento de esta propiedad contrastan con los ingresos declarados oficialmente.

En paralelo, la Justicia analiza el uso de vuelos privados hacia Punta del Este, en Uruguay, presuntamente financiados por terceros. Declaraciones testimoniales incorporadas al expediente señalan pagos en efectivo y posibles irregularidades en la facturación de estos traslados, lo que podría configurar beneficios no declarados.

La causa se encuentra en el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, quien ya dispuso medidas en el marco de la investigación, incluyendo restricciones vinculadas a testigos clave.

Otro elemento relevante surgió a partir de informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que evidenciarían diferencias entre los viajes declarados públicamente por el funcionario y los registros oficiales, sumando nuevos interrogantes sobre su capacidad económica real.

En un contexto político atravesado por la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, el avance de esta causa podría tener impacto tanto en el plano judicial como en el escenario político, mientras se aguardan definiciones sobre el origen de los fondos, las operaciones cuestionadas y la eventual responsabilidad del funcionario.