Informe Técnico: Impacto de los Despidos en la Administración Pública Nacional

Este anuncio ha provocado la convocatoria por parte del sindicato a un paro nacional con un ingreso masivo a las dependencias estatales programado para el próximo miércoles.

Desde el inicio de la gestión del gobierno encabezado por Javier Milei, se ha desencadenado una ola de despidos que ha afectado a al menos 7 mil trabajadores de ministerios, secretarías, y diversas dependencias y áreas descentralizadas del Estado.

Sin embargo, esta cifra se considera provisional y existe la posibilidad de que pueda duplicarse para mediados de la semana próxima, como lo ha anunciado la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Los despidos se han realizado a través de notificaciones informales, utilizando principalmente canales como WhatsApp y correo electrónico.

Según el monitoreo llevado a cabo por ATE, hasta el momento, 4.969 trabajadores han recibido tales comunicaciones, mientras que otros 2 mil se encuentran en proceso de ser notificados debido al cierre anunciado de las áreas en las que se desempeñan.

Es importante destacar que estos despidos no afectan únicamente a trabajadores recientemente contratados, sino que también incluyen a individuos con más de 20 años de antigüedad en el servicio público, lo cual ha generado preocupación y controversia.

Además, se ha observado que algunos despidos violan disposiciones legales, como la ley de cupo que garantiza la contratación de personas con discapacidades.

La estrategia del gobierno no se limita únicamente a los despidos directos, sino que también incluye medidas como la reducción de salarios y el congelamiento de sueldos, lo cual puede considerarse una forma indirecta de despido.

Este enfoque, junto con los despidos masivos, plantea desafíos significativos para la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, como lo advierte ATE.

En términos numéricos, se estima que alrededor de 15 mil trabajadores podrían verse afectados por estas medidas, lo que representa aproximadamente el 20% de la fuerza laboral del Estado.

Esta situación refleja una tendencia histórica de reformas neoliberales en la administración pública, con antecedentes en los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri.

Finalmente, es importante señalar que la reestructuración del Estado conlleva desafíos complejos y costos a largo plazo.

Si bien estas medidas pueden percibirse como ahorros a corto plazo, el daño resultante puede superar ampliamente cualquier beneficio económico inicial, como ha sido evidenciado en experiencias anteriores.