Interpol no se presta al show judicial

La organización internacional de policías, Interpol, le comunicó a la justicia argentina que el exconsejero legal Joel Sollier no va a declarar en el juicio por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Entiende que sus exfuncionarios están amparados por la inmunidad funcional que corresponde a los diplomáticos y que no puede controlar lo que la justicia va a hacer con ese testimonio posteriormente, por ejemplo, si puede traer consecuencias legales para Sollier. En verdad, el exconsejero legal fue contundente en su momento. El 15 de marzo de 2013, poco después que se firmara el Memorándum, y a pedido del entonces canciller Héctor Timerman, escribió: “La Oficina de Asuntos Jurídicos manifiesta que dicho acuerdo (el Memorándum) no implica ningún tipo de cambio en estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA. La Oficina de Asuntos Jurídicos considera que el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa”. Ese texto de por sí destroza la acusación en el caso del Memorándum, porque la imputación consiste en que el convenio ayudó a los sospechosos iraníes aflojando las órdenes de captura con alertas (notificaciones) rojas. De hecho, las alertas rojas rigen hasta hoy.

El escandaloso juicio por el Memorándum no tiene fecha de inicio, pero el Tribunal Oral Federal Número 8 está haciendo la instrucción suplementaria. El tratado fue aprobado en el Congreso Nacional y, además, nunca entró en vigencia porque el parlamento de Irán no lo aprobó y la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Aun así, se continuó con la causa, alimentada por la DAIA, que llegó a respaldar la imputación de traición a la patria contra el único canciller judío de la historia, Timerman. Los juristas de todas las corrientes -Raúl Zaffaroni, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra y muchos más— fueron muy críticos de la causa llevada adelante por el juez Claudio Bonadío: “La acusación es más política que jurídica”, sostuvieron. El mismo TOF 8 había resuelto sobreseer a todos los imputados sin hacer el juicio, por considerar que se trató de una cuestión política no judiciable. Pero la Cámara de Casación y la Corte ordenaron que el juicio se haga igual.

El titular del TOF 8, Rodrigo Gimenez Uriburu (aquel del juicio Vialidad y que jugaba al fútbol en la quinta de Mauricio Macri), le escribió a Interpol pidiendo que en el juicio por el Memorándum declare Sollier. La solicitud ya se había hecho antes y también se pidió en su momento que declare el exsecretario general de Interpol, el norteamericano, Ronald Noble. En ambos casos Interpol dijo que no, que rige la inmunidad de sus exfuncionarios, algo que se determinó por ley, cuando la Argentina se sumó a Interpol.

Tanto Noble como Sollier rechazaron siempre la acusación contra Timerman, la expresidenta Cristina Kirchner y otros 8 exfuncionarios (Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Eduardo Zuaín, Andrés Larroque, Angelina Abona), dirigentes (Luis D’Elía, Fernando Esteche), un referente de la comunidad islámica (Yusuf Khalil) y un supuesto exespía (Ramón Bogado). Es más, Interpol fue un impulsor del acuerdo por el cual los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA declararían en indagatoria ante el juez y el fiscal argentinos, pero en Teherán. Y el tratado contemplaba además la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales, para opinar sobre todo el proceso. Justamente, por el establecimiento de esta Comisión es que la justicia declaró inconstitucional el Memorándum. La denuncia original la hizo Alberto Nisman, unos días antes de morir, pese a que había apoyado el tratado al principio. Armó la denuncia a las apuradas dado que creyó que lo iban a desplazar de la fiscalía y pensó que si acusaba a la expresidenta, ya no lo iban a poder remover. Que lo desplazaran de la Unidad AMIA era algo que reclamaban los familiares de las víctimas del atentado porque Nisman “viajaba mucho e investigaba poco”.

Para evitar las declaraciones de Noble y Sollier, el fallecido juez Bonadío, el fiscal Eduardo Taiano, la Cámara Federal macrista y la DAIA maniobraron para imputar a Noble por complicidad. Los acusadores siempre intentaron bloquear cualquier declaración de los exfuncionarios de Interpol que públicamente dijeron que la acusación era falsa y que el gobierno, Cristina Kirchner y Timerman buscaban avanzar en la causa con la firma del Memorándum.

Preparando el juicio, el titular del TOF 8, Giménez Uriburu, le escribió el 22 de abril a Interpol pidiendo que Sollier declare por Zoom cuando se haga el juicio. Un pedido igual ya se había hecho en 2025 y la respuesta siempre fue la misma: los exfuncionarios tienen inmunidad funcional: “La neutralidad y la independencia institucional de Interpol es lo que excluye la posibilidad de que los procesos de toma de decisiones, las posiciones institucionales o los actos oficiales de Interpol sean objeto de escrutinio judicial en procedimientos nacionales”. También Interpol argumenta que “no puede garantizar la precisión, integridad e idoneidad de los testimonios de sus exfuncionarios y cómo dicho testimonio puede ser utilizado o interpretado en los procedimientos”.

En realidad, Sollier ya dejó en claro lo que fue la postura oficial de Interpol en la cuestión del Memorándum. Para que no hubiera dudas, Timerman le escribió a Noble el 15 de febrero de 2013, enseguida después de firmar el Memorándum, y le pidió a la organización de policías que aclarara que cualquier cambio en la situación de los sospechosos iraníes, es decir, las órdenes de captura con alertas rojas, sólo era facultad del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Sollier contestó el 15 de marzo de 2013, ratificando que “dicho acuerdo (el Memorándum) no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”. Desde el punto de vista judicial, ni siquiera existía la posibilidad de cambios en las órdenes de captura porque, en todos los casos de Interpol, la potestad es exclusiva de los respectivos jueces.

Alejandro Rúa, abogado de Abona, definió así la situación. “Lo que podría decir en la audiencia Sollier, ya lo dijo. Que venga o que no venga es indiferente. Sollier, en nombre de Interpol ya lo dejó claro. No sólo dijo que no se cambiaron las alertas rojas, sino que el Memorándum fue un avance muy importante en el caso. Lo dijo expresamente”.

Desde el punto de vista político, lo más insólito es que desde 2013 hasta ahora, Estados Unidos firmó dos Memorándum de Entendimiento con Irán, precisamente con el mismo nombre que el que firmó Timerman: uno llevado adelante por Barak Obama y el segundo, días pasados, por Donald Trump. En ambos casos se buscaron acuerdos para limitar la producción nuclear de Irán y para terminar con el conflicto iniciado en febrero. Para Washington parece que negociar con el régimen de Teherán no constituye delito. Y en el caso argentino, del gobierno de Cristina, menos delito aún porque el tratado nunca entró en vigencia. Pero, ya se sabe, en estas latitudes (y también en otras) el aparato judicial juega esencialmente el partido de la persecución política.