Javier Milei continúa desatando tensiones con los gobernadores al avanzar con recortes económicos.

Estas transferencias no se llevaban a cabo desde que Milei asumió su cargo, a pesar de los constantes reclamos al respecto.

La primera respuesta provino del gobierno radical de Santa Fe, donde el Secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, calificó la medida de Milei como una "trastada más del Presidente".

Boasso enfatizó que las cajas de jubilaciones no representan un privilegio, sino los aportes de los trabajadores durante su vida laboral. Además, anunció la intención de la provincia de recurrir a la vía judicial para detener este recorte.

Córdoba también está considerando tomar acciones legales similares. Esta medida no solo impacta en Santa Fe y Córdoba, sino también en otras 12 provincias, incluyendo Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

El DNU de Milei revoca varios artículos de la Ley de Presupuesto 2023, lo que implica una reducción significativa de los recursos para las provincias.

Esto incluye la derogación de la prórroga de los fondos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, así como la eliminación formal de los fondos de Compensación al Transporte Público del Interior y de Incentivo Docente, lo que agrava aún más las finanzas provinciales.

Estas transferencias para las cajas jubilatorias provinciales, que no han sido entregadas a la Nación, estaban previstas en el presupuesto nacional desde la gestión de Mauricio Macri, como parte de un acuerdo entre el gobierno central y las provincias. Aunque se acordó su actualización en función de la movilidad jubilatoria desde 2023, estas transferencias no se llevaron a cabo.

Desde que asumió su cargo, Milei ha dejado de enviar este dinero a las provincias, que recibieron estos recursos por última vez en diciembre pasado.

Esta situación fue motivo de negociación al comienzo del gobierno de La Libertad Avanza, cuando los gobernadores solicitaron el pago de la deuda acumulada debido a la falta de actualización de las cajas jubilatorias. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se negó a cumplir con esta solicitud.

A partir de entonces, las provincias han tenido que cubrir con sus propios recursos el déficit económico causado por la falta de estas transferencias, que ahora Milei ha decidido eliminar por completo.

Se estima que la deuda acumulada del Estado Nacional con las provincias podría alcanzar los 62.500 millones de pesos para abril.

Estas acciones de Milei han generado un nuevo conflicto con las provincias, alejando aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo dentro del marco del llamado Pacto de Mayo.

Esto es especialmente evidente dado que algunos de los gobernadores que se consideraban más proclives al diálogo se encuentran entre los más afectados por estos recortes.