Jujuy se inclina a una Constitución regresiva por decisión de Morales

La reforma parcial de la Constitución de Jujuy avanza velozmente y todo indica que el proceso no llegará a demandar un mes. La Convención comenzó a sesionar el 22 de mayo; el frente Cambia Jujuy impuso su mayoría para determinar que solo hasta ayer se podían entregar los dictámenes de comisiones. Esta semana se trabajará en la redacción, será aprobada el 17 de junio, y jurada el 20 de junio.

El proyecto de reforma, que se conoció recién el 1 de junio, ocho días después de iniciada la Convención Constituyente, recorta la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término, establece "vías rápidas y expeditivas" para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias, entre otros aspectos cuestionados y que motivan el rechazo de un amplio sector social que incorporó la consigna "No a la reforma" en sus movilizaciones y marchas.

La intención de reformar la Constitución provincial fue anunciada por el gobernador Gerardo Morales el 12 de septiembre de 2022. La ley 6302, que declara la necesidad de esta reforma, se aprobó el 27 de noviembre, para lo que el oficialismo contó con el voto del diputado justicialista Fernando Posadas.

La reforma es rechazada por distintos sectores de la vida pública jujeña, lo que se expresó con mayor fuerza en el marco del plan de lucha de la docencia. Además de las objeciones a su contenido, la oposición, sobre todo del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U), que tiene seis convencionales, viene denunciando la falta de publicidad de las sesiones, además de que se llegó a prohibir la palabra a sus convencionales.

Si bien al inicio de las sesiones la vicepresidenta de la Constituyente, Gabriela Burgos, anunció que se habilitaba un correo electrónico para que participe la ciudadanía y se habilitó un sitio digital, se conoce poco de las discusiones. No hay registro taquigráfico de las reuniones de comisiones y tampoco fueron públicas.

Con 29 convencionales propios, contra 13 del Frente Justicialista y 6 del FIT-U, el oficialismo viene imponiendo su mayoría para avanzar de manera expedita, como lo hizo esta semana con el acta de cierre de etapa, a pesar de las objeciones de la oposición. El FJ había solicitado plazo hasta el 19 de junio para debatir en comisión, en tanto que el FIT-U había pedido una prórroga para la presentación de dictámenes atendiendo a que la Ley 6302 establece 90 días para el funcionamiento de la Convención y porque además referentes de organismos de derechos humanos no pudieron hacer aportes al proyecto que propone el oficialismo. Pero no hubo consideraciones: "De acuerdo a la representación que ostenta cada bloque, se establece por la mayoría (...) el día sábado 10 de junio hasta las 12:00 horas para la emisión de dictámenes y despachos", aprobaron las y los convencionales de Cambia Jujuy.

El proyecto de reforma del oficialismo jujeño confirmó las previsiones en cuanto al recorte de derechos. Propone modificaciones en 193 de los 212 artículos que tiene la Constitución vigente, aprobada en 1986.

En cuanto al sistema electoral, elimina las elecciones de medio término, dado que plantea un nuevo texto para el punto 2 del artículo 106, que quedará así: "La Legislatura se renovará en forma total cada cuatro años, pudiendo sus miembros ser reelectos por un periodo consecutivo. Cumplido el mismo, no podrán ser reelegidos sucesivamente sino con un intervalo legal". El punto 2 original establece expresamente la renovación parcial de la Legislatura cada dos años.

Además, establece que "el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura".

Otra cuestión que genera preocupación es que, bajo el título "Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica", prevé "la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales"; “la responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica".

Además, se cuestiona que el proyecto lesiona derechos de los pueblos indígenas. En primer lugar, la reforma se lleva a cabo sin la consulta previa, libre e informada. Pero también los pone en situación aún más vulnerable en los conflictos territoriales que enfrentan, generalmente con titulares registrales. El oficialismo impulsa la incorporación de dos puntos al artículo 36, "derecho a la propiedad privada", para incorporar "mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular". Y establecer que se considerará "grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida" e impulsar la sanción de una ley especial que determine "las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo".  

Otro aspecto que recibió críticas es que cuando las comisiones trataron el tema del uso del agua, invitaron a funcionarios de organismos del gobierno, sin escuchar a las comunidades indígenas que están en lucha en defensa del agua y el territorio, y rechazan la extracción del litio.

Los seis convencionales de la Izquierda adelantaron que votarán en contra de este proyecto; en tanto que los convencionales que responden al presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, estarían divididos.

La elección de los convencionales constituyentes se hizo junto con los comicios generales provinciales, el 7 de mayo pasado. Morales encabezó la lista de candidatos, aunque asistió solo a la sesión preparatoria, día en el que juró, fue designado presidente de la Convención, y pidió licencia para ocuparse de sus funciones de gobernador, y de la interna de Juntos por el Cambio y su declarada intención de postularse a la presidencia.