Juntos define si colabora o entorpece

Con el avance de la pesquisa judicial por la escandalosa revelación de una “Gestapo antisindical” que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que involucraría a altas figuras de ese gobierno y del de Mauricio Macri en la Nación, los legisladores bonaerenses de Juntos, el frente opositor en que se referencian todas estas figuras, deberán tomar pronto una decisión: colaborar o no con la investigación, votando por el desafuero del senador Juan Pablo Allan, uno de los participantes de la ya famosa reunión secreta de esa mesa judicial.

Ocurre que Allan está citado para prestar declaración indagatoria el lunes 21 de este mes, luego de que lo hagan tres altos funcionarios del gobierno de Vidal. Y para que eso ocurra debería ser despojado de sus fueros como legislador. Una alternativa que provoca tensión en el interior del bloque legislativo, con posiciones a favor y en contra.

Allan es una figura muy cercana a ­Patricia Bullrich, nada menos que la presidenta del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri que constituye el núcleo de Juntos. Y que también era ministra de Seguridad de la Nación en el momento en que se echó a andar la “Gestapo”, por lo que quizás en un futuro también ella misma deba rendir cuentas (ver aparte).

Los legisladores de Juntos ya tienen la llave para impedir otra instancia relacionada con este tema, pero que también lo excede: un eventual juicio político a Julio Conte Grand, el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, que fue designado en el cargo por Vidal luego de haber oficiado como secretario Legal y Técnico de su gabinete. Hace tiempo que desde el gobierno de Axel Kicillof se apunta contra la permanencia de Conte Grand en ese puesto, pero las revelaciones sobre la “Gestapo” renovaron el clamor para que sea enjuiciado, ya que se comprobó que a lo largo de 2017, año en que funcionó esa mesa antisindical, mantuvo asiduas comunicaciones con Vidal y con otros imputados en la causa: Marcelo Villegas, que era ministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, que estaba al frente de la cartera de Infraestructura, y Adrián Grassi, que era viceministro de Justicia.

Todos ellos participaron en una reunión en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) en la que Villegas dio instrucciones sobre cómo armar causas judiciales contra gremialistas y aseguró que el procurador estaba al tanto de todo. El rastro de las comunicaciones telefónicas parece apuntar en el mismo sentido.

El peligro de “Comodoro PRO”

Ya en enero, a un mes de que estallara el escándalo por la revelación del video de la reunión secreta de la “Gestapo antisindical”, hubo un intento de que el expediente judicial, en manos de la Justicia Federal de La Plata, fuera redirigido a otra jurisdicción, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde funcionan los tribunales federales ubicados sobre la calle Comodoro Py, a veces apodados “Comodoro PRO” por la afinidad de algunos jueces y fiscales con el partido que fundó Mauricio Macri.

En aquel momento, la fiscal Ana Russo rechazó el pedido, y la causa quedó en el juzgado platense. Pero los antecedentes del macrismo en otros procesos judiciales hacen pensar que habrá nuevas andanadas en busca de trasladar la investigación a aquel otro ámbito más favorable. En una entrevista publicada hace una semana por diario Hoy, el exjuez Carlos Rozanski advertía que “el nivel de poder de la gente involucrada lamentablemente va a terminar logrando que esa causa se vaya de La Plata a Comodoro Py”.

La exgobernadora María Eugenia Vidal y quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, están entre los más interesados en que un tribunal más favorable lleve adelante la pesquisa.

¿Bullrich también rendirá cuentas?

Si Juan Pablo Allan accede a prestar declaración ante el juez que investiga su participación en la reunión secreta en la sede porteña del Bapro, quizás pueda explicar por qué motivo lo invitaron a sentarse a aquella mesa, y si esto tiene que ver con su estrecha relación con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que 42 días antes había participado en el cónclave en que se echó a andar el esquema de persecución a sindicalistas.

Allan es una de las figuras de mayor renombre en el espacio “Somos Equipo PRO”, dedicado a apuntalar la presencia de Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Se creó hace menos de un año, con las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como horizonte. En aquel momento la candidatura de Bullrich naufragó.

La titular del PRO era, en 2017, ministra de Seguridad de la Nación. Y el 4 de mayo de aquel año, poco más de un mes antes de la reunión en el Banco Provincia, participó junto a otros ministros nacionales de un encuentro con el entonces presidente, Mauricio Macri, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, centrada en la forma de domar a los gremios, y específicamente a la Uocra. En ese encuentro, Macri dio la directiva: toda la operación quedaría en manos de Arribas, el mismo que está acusado de haber montado operaciones de espionaje contra dirigentes políticos y sociales durante ese gobierno.

¿Llegará el momento en que la propia Bullrich sea citada a declarar? ¿Estaba Allan sentado a esa mesa como representante de la ministra? Solo el tiempo dirá si las derivaciones de la investigación judicial sobre la “Gestapo” terminan enfocándose en la participación de miembros del gabinete nacional de aquel momento, e incluso del propio Macri.

Las próximas indagatorias

El empresario Bernardo Zaslascky, uno de los imputados por la “Gestapo antisindical”, se negó ayer a responder preguntas del juez de la causa y eligió presentar un escrito, al igual que otros empresarios citados antes que él.

La semana próxima empezarán a comparecer los pesos pesados de la mesa judicial: entre el miércoles y el viernes lo harán sucesivamente el exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el exviceministro de Justicia Adrián Grassi y el exministro de Trabajo Marcelo Villegas. Para el lunes siguiente está emplazado el senador Juan Pablo Allan (ver nota principal). En días posteriores deberán declarar los exmiembros de la AFI Darío Biorci, Juan Sebastián De Stéfano y Diego Dalmau Pereyra.