La Bicameral le pide explicaciones a la jueza que allanó la sede de camioneros

La Comisión Bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación instó a la jueza María Eugenia Maiztegui a entregar una copia de la investigación penal que se abrió luego del allanamiento a la sede central de Camioneros el pasado 2 de mayo. Ésta busca saber si se violó la Ley de Inteligencia Nacional.

“En mi carácter de Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación tengo el agrado de dirigirme a Ud. en virtud de las facultades conferidas por la Ley N°25.520 a fin de solicitarle tenga a bien remitir copia certificada de la IPP N°16-01000187-21-00. En particular, le requiero remita copia del Legajo Fiscal que tendría carácter de reservado y que tramita junto a las actuaciones antedichas”, reza la nota que le llegó a la jueza del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás.

El presidente de la Comisión, Leopoldo Moreau, afirma en el escrito dirigido a Maiztegui que “tal solicitud, se enmarca en un sumario de investigación parlamentaria que se instruye en el ámbito de esta Comisión, y que busca determinar si existieron responsabilidades político-institucionales en presuntas violaciones a la Ley de Inteligencia Nacional”.

Allanamiento a la sede de Camioneros

Todo comenzó el pasado 2 de mayo cuando la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui había ordenado allanar la sede central del Sindicato de Camioneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para buscar una supuesta documentación relacionada con los dirigentes de camioneros presos en San Nicolás por, según la Justicia, extorsionar y reclamar dinero a una empresa distribuidora de golosinas a la que bloquearon.

El allanamiento fue efectuado en la causa en que la jueza y la fiscal María del Valle Viviani detuvieron al concejal del Frente de Todos de San Nicolás y líder de Camioneros en la región, Maximilano Cabaleyro (hijo de Julio Cabaleyro), y al referente local, Fernando Espíndola. Ambos fueron detenidos luego de que la Cámara de Apelaciones confirmó las calificaciones de “extorsión, turbación de la posesión y coacción”. De parte de los detenidos sostienen que reclamaban cuotas sindicales adeudadas por la distribuidora Rey.

La juez allanó la sede de camioneros ilegalmente para supuestamente buscar el legajo de la distribuidora Rey, empresa que sostiene que fue “víctima” de los aprietes, ya que se enviaron dos oficios y ninguno fue respondido.

Los operativos buscan determinar el recorrido de un dinero supuestamente pagado ilegalmente por la distribuidora por una deuda que nunca se acreditó que existiera. La plata salió desde la empresa hasta eventualmente el sindicato y fue exigida para levantar los bloqueos. Desde el entorno de Pablo Moyano le habían dicho a El Destape que “fue un allanamiento normal” y que fueron “a buscar lo que querían y se fueron”. “Sale en los medios porque la familia Rey quiere mostrar quilombo”, habían dicho desde camioneros.

Detención

Los dirigentes del Sindicato de Camioneros de la seccional San Nicolás fueron detenidos por la policía el 8 de abril pasado. Las detenciones fueron ordenadas por la jueza Maiztegui, que había rechazado su exención de prisión, medida que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, con lo que quedaron firmes las órdenes de captura. Ambos gremialistas se entregaron voluntariamente.

El conflicto

La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios perteneciente a Ricardo Rey. El conflicto se originó cuando el sindicato le exigió pasar a los 35 empleados al convenio 40/89 y los gremialistas supuestamente les reclamaron dinero.

El empresario hizo algunos pagos, pero luego la compañía sancionó a un delegado gremial y se agravó el conflicto. Los empresarios dejaron de pagar e hicieron una denuncia por extorsión que ahora desembocó en estas detenciones.