La causa por los chats de D’Alessandro pasa a Comodoro Py

En un fallo de 6 páginas, el juez federal Guillermo Molinari resolvió “declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de Sección para continuar conociendo en la presente causa y ordenar su remisión al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir, a los tribunales federales de Comodoro Py.

En la causa, se investiga el vínculo entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, y el ministro porteño de Seguridad y Justicia en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

A su vez, el magistrado justificó en su fallo la decisión que tomó días atrás cuando intimó a Robles, el asesor de Rosatti que aparece en la carátula de la denuncia, a que entregara su teléfono celular, al señalar que se trataba de una medida indispensable para evitar que se frustrara la investigación.

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de que distintos medios dieran a conocer que información surgida de una filtración de supuestas conversaciones por chat entre D’Alessandro y Robles en las que se hablaba de causas en las que finalmente la Corte Suprema de Justicia intervino con movimientos a favor de la Ciudad de Buenos Aires (coparticipación) y de la oposición nacional (consejo de la magistratura).

Al decidir que la causa pase a Comodoro Py, el juez sostuvo que, como había dicho el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, los hechos “habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma, Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones, razón por la cual este Juzgado Federal de Santiago del Estero, resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.

Sin embargo, aclaró que cuando ordenó la incautación del teléfono de Robles lo hizo, también en consonancia con la opinión del fiscal, porque correspondía “resguardar de manera inmediata y urgente la prueba que serviría para fundar una posterior acusación o desvirtuar la sospecha inicial”.

“Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”, recalcó el magistrado al explicar por qué primero intimó a Robles a que entregara su teléfono y después resolvió la cuestión de competencia que también le había planteado el fiscal Simón cuando alentó aquella medida de prueba.