La Corte ordenó a la Justicia federal investigar agresiones a Ofelia Fernández por redes sociales

La causa se inició por denuncia de los fiscales Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia (UFECI), y Mariela Labozzeta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Azzolin y Labozzeta promovieron la acción penal luego que Fernández dijera ser destinataria de una serie de mensajes agresivos que responderían a patrones de violencia de género e incitarían a la comisión de delitos.

Los representantes del Ministerio Público estimaron que los hechos podían configurar el delito previsto en el artículo 212 del Código Penal. La norma prevé hasta seis años de prisión para “el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

Los fiscales evaluaron que los insultos e intimidaciones estarían relacionados con el rol político de la legisladora en materia de defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, y constituía un modo de intentar perseguir y silenciar a quienes luchan contra la violencia machista.

A poco de formulada la denuncia, el juzgado federal sorteado se declaró incompetente, al afirmar que si se cometió delito el mismo no afectaba intereses nacionales y, como tampoco aceptó hacerse cargo del trámite una magistrada del fuero penal ordinario, se trabó una contienda negativa de competencia.

Luego que se ordenara librar oficio a las autoridades estadounidenses para obtener la información de la firma Twitter International Company sobre los perfiles de las cuentas involucradas en los mensajes denunciados, se elevó el incidente a la Corte, para que definiera el juez competente. La Corte, en coincidencia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, concluyó que -como la respuesta a los oficios aún se aguarda- no se debía descartar una persecución u odio contra Fernández por sus ideas políticas.