La Corte Suprema deberá resolver el reclamo bonaerense por las jubilaciones

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

"La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ´restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)´", explicó Monti.

A comienzos de semana, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, aseguró que la deuda total del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a los 5,8 billones de pesos, lo que definió como "un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

En el detalle de esa deuda se desprenden más de 716 mil millones de pesos en concepto de transferencias de ANSES a Caja Provincial, es decir dinero para los jubilados bonaerenses que, según había afirmado semanas atrás el ministro de Economía provincial, Pablo López, son “el grupo social más perjudicado por Milei”.

“Los y las jubiladas son el principal factor de ajuste del gobierno nacional”, señaló entonces López que, tras advertir que “el 40% de los pasivos vive en territorio bonaerense”. “De cada 100 pesos de recorte real del Gobierno Nacional, las y los jubilados bonaerenses contribuyeron 20. Los adultos mayores de la Provincia son el grupo social más perjudicado por Milei, cargando con el 20% del ajuste total”, afirmó.

El reclamo

Los montos reclamados corresponden a "compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional", a valores actualizados. El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el "Compromiso Federal", que luego fue ratificado por ley.

A partir de dicha norma, el Estado Nacional "se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales".

Se mantuvo durante todos los gobiernos posteriores, e incluso Mauricio Macri, con el objetivo de fortalecer la gestión de la gobernador María Eugenia Vidal, profundizó la medida en el año 2016, cuando dictó la ley de "Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", que prorrogó Alberto Fernández y se mantuvo en vigencia.

Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo "para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho".

Los fondos fueron previstos en el presupuesto 2023, que "estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-", determinado por un decreto del gobierno de Macri.

Sin embargo, el Gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que "no se encuentran comprendidos en dicha prórroga" los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

"Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia", opinó la procuradora adjunta. "En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal", resumió Monti.

Lo que viene

El pronunciamiento de la Procuración, según los funcionarios de la Provincia, no anticipa naturalmente ni el plazo del eventual fallo de la Corte Suprema ni su posible contenido si es que el máximo tribunal resuelve expedirse. Pero es un paso lógico en este tipo de reclamos, cada más habituales desde las provincias hacia el Estado nacional por los recortes que impuso el ministro de Economía Luis Caputo siguiendo el criterio de aplicación de motosierra del Presidente.

El gobierno de la Provincia, a través del fiscal de Estado Hernán Gómez, jefe de los abogados oficiales, hizo ya varias presentaciones ante la Corte Suprema demandando medidas de fondo contra los recortes presupuestarios y también disposiciones cautelares que vuelvan la situación hacia atrás hasta que esas medidas se adopten.

Además del quite de las sumas correspondientes a las jubilaciones provinciales, un asunto clave en una Provincia que tiene cientos de miles de empleados entre docentes, policías y personal de salud, el Gobierno nacional restó fondos que antes iban a subsidios de transporte, fortalecimiento fiscal, alimentación escolar e incentivo docente. El incentivo se utilizaba para completar el sueldo de la docencia en sus diferentes niveles.

Una de las bases de las distintas presentaciones es el pedido de que se decrete la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia número 70 de 2023, entre otros motivos por deficiencias jurídicas en la explicación oficial de la necesidad y de la urgencia. Como varios de los recortes dispuestos utilizan como fundamento el DNU con el que viene gobernando Milei desde diciembre del año pasado, según Gómez y Kicillof ese instrumento sería el veneno originario que envenena los frutos, es decir las resoluciones que podan el presupuesto de la Provincia.

"Los jueces de la Corte Suprema son los que tienen que resolver el conflicto de la Provincia con Nación", dijo Kicillof en abril último. "En este caso no lo puede resolver la política", afirmó en la misma línea utilizada por sus ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque el último lunes: dijeron llevar seis meses sin ser siquiera atendidos por funcionarios del Gobierno nacional en su pedido de fondos para alimentos.

"Milei manoteó fondos diciendo que eran fondos discrecionales, cuando no lo eran ni es legal hacer éso, o simplemente discontinuó el envío de hecho", cuestionó Kicillof.