CAUSA CORREO

La Corte Suprema frena intento de Macri de apartar jueces en causa clave por el Correo Argentino

El máximo tribunal desestimó la recusación de los jueces Farah y Boico, quienes seguirán interviniendo en la causa penal que investiga una millonaria condonación de deuda durante el gobierno de Cambiemos. El expediente, que compromete al expresidente Mauricio Macri, vuelve a agitar el tablero político-judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la recusación presentada por la defensa de Mauricio Macri contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, en el marco de la causa penal que investiga el presunto vaciamiento del Correo Argentino. El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene a los magistrados en su cargo y permite que el expediente siga avanzando.

La presentación había sido impulsada por Jaime Cibils Robirosa, expresidente de la empresa, con el argumento de que ambos camaristas no garantizaban imparcialidad. En el caso de Farah, señalaron que habría sido presionado por el gobierno de Cambiemos en 2018 tras beneficiar con una excarcelación a empresarios kirchneristas. A Boico, en tanto, se lo cuestionó por su pasado como abogado de Cristina Fernández de Kirchner antes de asumir como juez.

Pese a esos argumentos, la Corte consideró que no había fundamentos suficientes para apartarlos. Sostuvo que la recusación no apuntaba contra una sentencia definitiva ni presentaba razones jurídicas válidas. La misma postura ya había sido adoptada tanto por la Cámara Federal como por la Cámara de Casación Penal.

El expediente, iniciado por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, pone en el centro una polémica operación entre el Correo Argentino —propiedad del Grupo Macri— y el Estado nacional. Durante el gobierno de Cambiemos, se intentó cerrar un acuerdo de pago de la deuda que implicaba una quita del 98,87% del total, lo que hubiera significado una condonación superior a los $4.000 millones en ese momento, con una proyección de más de $70.000 millones a futuro.

Boquín calificó la propuesta como una “condonación abusiva” y alertó sobre un evidente conflicto de intereses, ya que funcionarios cercanos a Macri eran quienes negociaban en nombre del Estado. En la causa también están imputados Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, Pablo Kleidermacher y el propio Cibils Robirosa, todos indagados en 2019.

El expediente se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo, quien resistió presiones para cerrarlo. Según una investigación del diario La Nación en 2017, Macri habría intentado intervenir a través de reuniones con Germán Garavano, Gustavo Arribas y Daniel Angelici, buscando frenar investigaciones sensibles. La negativa de Lijo a archivar la causa influyó, años más tarde, en el enfriamiento de su candidatura para integrar la Corte.

El fallo reciente genera lecturas políticas inevitables. En 2023, el máximo tribunal benefició a Macri en el fuero comercial al permitir que el Tribunal Superior de Justicia porteño —con mayoría favorable al PRO— asumiera esa parte del expediente. Sin embargo, al habilitar ahora la continuidad de la investigación penal, la Corte parece buscar un equilibrio institucional que la aleje de favoritismos.

De esta manera, el Poder Judicial vuelve a colocarse en el centro de las tensiones políticas más profundas de la Argentina, mientras una de las causas más sensibles para Mauricio Macri vuelve a tomar impulso.