La Defensoría impulsa un abordaje integral de la problemática del suicidio adolescente

Se trata de una iniciativa del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que coordina el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello. El Observatorio elaboró un documento que va en sintonía con el Plan Provincial de Salud Mental presentado días atrás e incluye un diagnóstico de la problemática con datos de la Argentina en relación a otros países. También plantea posibles acciones a partir de la aplicación efectiva del marco normativo que existe en nuestro país.

Martello explicó que “las propias estadísticas oficiales nos muestran indicadores que, más allá de algunas variaciones, arrojan un promedio en la última década de 3177 muertes por suicidio al año, de los cuales más del 50% corresponden a adolescentes y jóvenes de hasta 34 años. Hoy por hoy, en la Argentina, los suicidios constituyen la principal causa de muerte de personas de entre 15 y 24 años, ubicándose en segundo lugar los siniestros viales”.

Martello remarcó que “a nivel internacional la tasa de mortalidad por suicidio es uno de los indicadores de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas cuyo propósito es, de aquí a 2030, reducir en un tercio el riesgo de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su abordaje y tratamiento, así como promover la salud y el bienestar mental”.

La tasa de suicidio por cada 100 mil habitantes en nuestro país se ubica en 8,4 por cada 100 mil habitantes, indicador que prácticamente se mantuvo constante durante la última década. La tasa se encuentra por debajo del promedio mundial (9,1) pero por encima del indicador correspondiente a América Latina y el Caribe (6,19). Así surge de un estudio elaborado por el Banco Mundial que abarcó casi 200 naciones. El país americano con mayor tasa de suicidio es Guyana, seguido por Surinam, Uruguay, Estados Unidos y Cuba.

El Defensor del Pueblo Adjunto destacó que “la Ley Nacional de Prevención del Suicidio sancionada en 2015 (la provincia de Buenos Aires adhirió a fines de 2017), una vez que se instrumente plenamente, seguramente constituirá una herramienta por demás eficaz en la elaboración de la política pública que tanto necesitamos en la Argentina”.