La denuncia de Kicillof pasará a Comodoro Py

El juez federal platense Alejo Ramos Padilla envió a los Tribunales de Comodoro Py la denuncia que había presentado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de CABA, por “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El caso lo tomará el Juzgado Federal 5 que encabeza María Eugenia Capuchetti.

En el fallo el juez Ramos Padilla trazó una línea temporal en la que precisó que la primera denuncia presentada por la filtración de los supuestos chats entre Robles y D’Alessandro fue la presentada en Santiago del Estero por el gobernador Gerardo Zamora, aunque luego fueron las presentadas en Comodoro Py aquellas en las que se procedió rápidamente al archivo.

La premisa para iniciar la investigación fue la que postuló el pasado 6 de febrero la fiscal María Laura Roteta y que también fue mencionada por el gobernador bonaerense en su denuncia.

Los chats filtrados habían dado cuenta de un supuesto asesoramiento de Robles al ministro del gobierno de Larreta para obtener una mayoría en el caso del Consejo de la Magistratura. También se evidenciaba una posible connivencia entre ambos funcionarios en relación con el dictado de fallos judiciales, siendo el tema de los fondos coparticipables el caso puntual en el que la Justicia actuó en beneficio al gobierno porteño.

“Sería contrario a los principios del federalismo que plasmaron nuestros constituyentes que sea un juez de sección -de alguna de las provincias o incluso de CABA- el que determine si, a partir de un presunto funcionamiento irregular del Máximo Tribunal signado por las maniobras delictivas enunciadas -de abuso de autoridad y/o tráfico de influencias-, al dictar esas sentencias, existió algún beneficio o perjuicio indebido hacia una u otra provincia o partido político, tal como surge de la denuncia presentada por el gobernador Axel Kicillof", sostuvo Ramos Padilla al postular la posibilidad de que el caso sea tratado por la Corte Suprema.

Y argumentó que “corresponde que sea la magistrada titular del juzgado que ha acumulado las distintas denuncias la que analice si se encuentra frente a alguno de los supuestos de competencia originaria y exclusiva en los que se impone la actuación del Máximo Tribunal de la Nación y se desplaza la competencia de los tribunales inferiores”.

Por otro lado, remarcó que Kicillof en su denuncia argumentó que los hechos investigados “atentan contra el federalismo y la democracia de nuestro país” y “si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal”.

La teoría del espionaje ilegal

Ramos Padilla también señaló que el argumento del juez de Comodoro Py, Sebastián Ramos no está probado: no existen hasta ahora elementos que prueben que Robles y/o D’Alessandro habrían sido víctimas de espionaje ilegal.

“Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la Ley 25.520”, remarcó el magistrado.

“No debe olvidarse que, según establece dicha norma, el delito de espionaje ilegal se configura únicamente con la intervención de un funcionario público; es decir, cuando es el Estado el que realiza o participa de algún modo en la actividad de espionaje , cuestión que, al menos de momento, no ha sido verificada”, explicó el magistrado.

El argumento del espionaje ilegal se había utilizado por el fiscal Carlos Stornelli cuando una denuncia por este mismo tema había terminado en el fuero federal porteño.