La Emergencia en Discapacidad, un palo en la rueda del plan motosierra

Con la insistencia en la ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso complicó los planes del Gobierno de avanzar con la motosierra en el área. La norma establece que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá reasignar partidas dentro del presupuesto y garantizar los fondos necesarios para sacar del pozo al sistema de prestadores, cuyos ingresos están congelados desde diciembre del año pasado. Ésa es el alma de la ley que había vetado el Presidente: los profesionales de la salud, la educación y el transporte que asisten a las personas con discapacidad en todo el país --unos 250 mil puestos de trabajo directos e indirectos-- deberán percibir una compensación por el retraso que acumulan respecto de la inflación. La Andis deberá convocarlos para actualizar sus haberes a futuro, tomando al IPC del INDEC como parámetro. Pero además, si la norma se reglamenta tal cual salió del Senado, hará tambalear todo el ajuste programado en materia de pensiones por "invalidez" que había implementado Diego Spagnuolo hasta el día de su despido por el escándalo de las coimas. Es que la Emergencia también prevee echar por tierra la auditoría trucha implementada por el exabogado personal de Milei e incorporar cientos de miles de nuevos beneficiarios al programa.

El Gobierno había proyectado depurar por lo menos unas 500 mil pensiones por "invalidez" este año. Ese número figura en las metas presupuestarias de 2025 y fue rescatado por las organizaciones del colectivo, que lo presentaron durante la renuión anual del Comité de Discapacidad de la ONU que se celebró este año en Berlín, y de la que participó el propio Spagnuolo, que no lo negó. Hasta ahora, tal como reveló Francos en su último informe ante el Congreso, ya se dieron de baja más de 111 mil, lo que representa un "ahorro" para las arcas del Estado de 35 mil millones de pesos por mes, según informaron extraoficialmente fuentes del Ministerio de Salud.

Todo ese plan queda en suspenso si la Emergencia queda finalmente reglamentada. El artículo sexto de la ley establece que para acceder a una pensión hará falta únicamente acreditar un Certificado Único de Discapacidad (el famoso CUD) y no percibir ingresos formales equivalentes a dos salarios mínimos. Según el informe que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso, permitirá que ingresen al beneficio "entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios". En ese punto hay que tener en cuenta que, según datos oficiales, a marzo de 2025 había más de 1.900.000 argentinos con CUD vigente, el 4,1% de la población total. Y que el Estado entrega poco más de un millón de pensiones (sin contar los posibles ajustes hacia adelante). De acuerdo a la OPC, el costo total de ese punto de la norma "se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)".

Es decir, la Emergencia no sólo frena el ajuste en marcha en las pensiones sino que va mas allá y abre la puerta al incremento de beneficiarios. En ese aspecto, la norma se choca de frente con las últimas modificaciones que introdujo Federico Sturzenegger para acceder a la pensión. El ministro desregulador había reintroducido una normativa del menemismo para endurecer los requisitos. Por ejemplo, había que demostrar una incapacidad laborativa total para poder cobrarla, y la volvía incompatible con tener un trabajo formal o con que los familiares de la persona con discapacidad que la solicita tenga ingresos formales declarados. Con la introducción del CUD como requisito, la ley destruye el decreto del ministro.

La auditoría

Pero además, la norma que había vetado Milei también se mete con la auditoría que Spagnuolo dejó lista para pasar la motosierra por las pensiones. El proceso nació con la radiografía del perro que mostró el vocero Manuel Adorni, que según confiesa Spagnuolo en uno de los audios filtrados fue una fake news. Ésa había sido la excusa para sembrar sospechas de irregularidades e impulsar la auditoría, la misma operatoria discursiva que se utilizó para ajustar a las universidades. El proceso demostró ser un fracaso: redundó en miles de cartas documento rechazadas (Francos informó la semana pasada que fueron 504 mil), filas eternas de ajustados frente a la Andis que no sabían por qué los habían bajado del beneficio y trabajadores del organismo obligados a hacer horas extra para acelerar la poda. Todo un desaguisado, mientras las coimas corrían.

Según el último informe de la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se observaron distintas irregularidades en la aduitoría de Spagnuolo:

*"La carta documento como único modo de citación es inadecuado, por no llegar efectivamente a todas las zonas del país".

*"El contenido de la carta documento es inaccesible para muchas personas y no brinda información suficiente a quienes deben asistir a la auditoría".

*"Existen dificultades para actualizar la documentación médica."

*"Se cita en lugares muy lejanos al domicilio (hasta 500 km), incluso en lugares inexistentes o que dicen no realizar auditorías y no se ofrece transporte accesible ni apoyos para el traslado".

A partir del escándalo de las coimas, se pudo revelar además la trama dentro de Andis, como por ejemplo que se incitaba a los empleados a modificar el domicilio de los auditados, para que la carta nunca llegue a destino y la persona pierda el beneficio. Todo orientado a acelerar la poda.

En su artículo 16, la ley de Emergencia establece que la ANdis deberá adoptar un nuevo  un sistema de "auditorías periódicas", con "un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios", además de "notificaciones fehacientes" "el acceso claro a la información por parte de las personas con discapacidad durante todo el proceso".

Aún si el Gobierno no implementara ese punto de la norma, la cantidad abrumadora de irregularidades detectadas abre la puerta a planteos judiciales, que podrían caer en cascada. Ya hay una medida cautelar vigente dictada en la provincia de Formosa que ordena detenerla, y las organizaciones sociales --junto a la Defensoría General de la Nación-- están evaluando sumarse a esa causa y dotarla de carácter federal.

Pero además, según un informe de la propia Defensoría, existen varios motivos de defensa de quienes perdieron la pensión por culpa de la auditoría de Spanguolo. Entre ellas enumera que:

*En caso de suspensión sin notificación: "La persona advierte que su pensión fue suspendida sin haber recibido una notificación fehaciente del acto administrativo que así lo dispone. Podría calificarse a la suspensión como una vía de hecho, por no estar basada en un acto administrativo “eficaz” en los términos del artículo 11 de la LNPA, y requerirse su levantamiento junto con el pago de los haberes no abonados y los respectivos intereses".

*Suspensión por problemas con la citación a la auditoría: "La persona es notificada fehacientemente de la suspensión de su pensión. Es decir, debido a problemas con la entrega de una notificación que la cita a una auditoría. Pretensión principal Podría requerirse la nulidad del acto de suspensión por falta de causay cuestionar la aplicabilidad de las causales de suspensión al caso concreto, junto con el pago de los haberes no abonados y los respectivos intereses".

Los prestadores

Las instituciones de apoyo están al borde del cierre: el último aumento que recibieron los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte fue del 0,4 por ciento en diciembre. Hace siete meses que el valor del trabajo de los profesionales que acompañan y apoyan a las personas con discapacidad está congelado. Ese valor se define a partir de un "nomenclador" que establece el Estado y se aplica tanto a las obras sociales como al programa Incluir Salud, que es público, y que utilizan unas 500 mil personas en todo el país.

Las organizaciones denuncian que el ajuste impacta en dos aristas: las obras sociales recortan los servicios disponibles y las familias --las que pueden-- terminan afrontando ese gasto de su propio bolsillo. Hoy, la hora de un maestro de apoyo se paga $3.000 y la hora de psicomotricidad se paga $12.370, según el último informe de REDI. Por el trabajo de una persona con discapacidad en los talleres protegidos (herrería, carpintería, panadería y otros rubros) el Estado paga la miseria de 28 mil pesos por mes.

La ley propone un incremento "extraordinario" para los prestadores, que busca compensar las pérdidas acumuladas respecto de la inflación. Se financiaría a partir de transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. Para eso hace falta un incremento presupuestario de sólo el 0,03%. Para los talleres protegidos, el aumento costaría el... 0,0008% del PIB.