La interna oficial para manejar el espionaje al rojo

La libertad no avanza si la prioridad es control y vigilancia. La libertad retrocede cuando saca fondos a los enfermos de cáncer y a los necesitados, pero asigna cien millones de dólares al espionaje. Que el centro de la disputa política sea el manejo de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia demuestra que la libertad está en retroceso.

Ni siquiera se trata de una deducción, sino de simple constatación de la realidad. El nombre es lo de menos. Fue un chiste, un engaño. Lo que sí avanza es el control, el espionaje y la represión que representa este gobierno empobrecedor. Los 100 mil millones de fondos reservados que le asignaron a la nueva agencia de espías constituyen una obscenidad cuando se le exige sacrificio y hambre al pueblo. Un gobierno democrático no necesitaría apoyarse de manera tan abusiva en sus espías.

La disputa por la integración y el manejo de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia no tendría que existir. Esa comisión tiene que ser controlada y dirigida por la oposición más numerosa. Es el espíritu de su existencia como institución.

Pero la disputa no se basa en un fundamento democrático. Es evidente que la preocupación del oficialismo tiene una base autoritaria: es espionaje con represión como prioridad de un gobierno cuya meta es garantizar la renta extraordinaria de un sector del capital concentrado sobre la base de subordinar a la gran mayoría. Y para someter a esa mayoría necesita medios y redes para el engaño más espionaje y represión.

Hace siete meses que debía renovarse la integración de la comisión. Pero las diferencias en el oficialismo postergaron los cambios. Después de conseguir facultades extraordinarias en los temas relacionados con la economía, y poner a los ex candidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, a cargo de los garrotes, se desinteresó del Congreso.

La represión funcionó. Bullrich se encargó de saturar de gases y palos a los disidentes que se manifestaron contra la ley Bases. Pero se les escapó la tortuga. En su carácter de titular de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau tuvo acceso a las declaraciones de los detenidos en esa protesta tras lo cual denunció que fueron interrogados sobre sus pertenencias políticas y las organizaciones de derechos humanos denunciaron apremios ilegales. Desde junio hay una denuncia de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, sobre la utilización de los fondos reservados de los servicios de inteligencia –en ese entonces la AFI-- para sobornar a periodistas y legisladores.

En simultáneo, el Gobierno reestructuró por decreto la AFI, que volverá a su antiguo nombre de SIDE y le otorgó 100 mil millones de pesos como fondos reservados. La historia de estos fondos ha sido una historia de corrupción, en especial de periodistas y funcionarios judiciales.

El trámite se transformó en cuestión decisiva y encendió la interna que arrastran desde que asumió este gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La descomunal transferencia de riqueza hacia el capital concentrado no generó disputas internas. Pero el control de la represión es el centro de una furiosa pelea.

En el escenario de esa batalla han quedado heridos. Unión por la Patria rechazará el decreto que otorgó los 100 mil millones de pesos. Y a ellos se sumarían los heridos que dejó la disputa. El Gobierno ofreció la presidencia de la comisión a Edgardo Kueider, el senador peronista que votó a favor de la ley Bases. Pero dejaron fuera al bloque que encabeza Pichetto. Villarruel propuso a un legislador misionero del PRO alineado con ella.

La disputa por los espías coincidió en el tiempo con el revuelo por la visita de legisladores a genocidas al penal de Ezeiza y con la intervención del gobierno a la Universidad de las Madres. Son debates que los argentinos habían superado y sobre los que se fundamentó la etapa democrática posterior al ciclo de las dictaduras militares.

Son piezas que se mueven y trastocan los cimientos más sanos, se vuelca una ficha y caen las demás. La visita desaprensiva de estos legisladores levantó protestas en el país. Y también fuera del país, justo cuando el presidente se preparaba para su visita estelar soñada a Paris para la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Alfredo Astiz, la voz cantante de los genocidas entrevistados, fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Francia por el secuestro, tortura y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Con entusiasmo demagógico y afán de colgarse de los festejos por el triunfo de la Selección en la Copa América, la vicepresidenta criticó a la Francia “colonialista”. Sin darse cuenta de las implicancias, Milei también había “lickeado” un mensaje contra el “colonialismo” francés. El mensaje de Milei fue ignorado. Pero, con la velocidad del rayo, Karina concurrió a la embajada de Francia para disculparse. Y de paso dejar en falsa escuadra a la vicepresidenta, el otro pan que aprieta al “jamoncito del medio”.

La comitiva argentina llegó a Francia con carteles en las calles de Paris que decían “Milei, persona no grata en los JJ.OO”. Y Karina se encargó de difundir que el presidente Emmanuel Macron le agradeció sus disculpas por los dichos de la vicepresidenta de Milei. En Argentina, la visita de los legisladores a Ezeiza motivó un pedido de informes de la Justicia. Patricia Bullrich y Martín Menem trataban de bajar el tono, pero en Francia Macron recibía una carta de los abogados de los desaparecidos franceses.

No hubo truenos, pero quiérase o no, la relación del gobierno con los genocidas impregnó ese viaje. En el Congreso, diputados de Unión por la Patria, del radicalismo y de otros bloques, pidieron que se investigue la visita y se castigue a sus protagonistas. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal contra el diputado Beltrán Benedit que organizó la gira.

Es menos de lo que muchos querrían, pero más de lo que se esperaban. En ese contexto surgió la intervención de la Universidad de las Madres, a la que el gobierno ha desfinanciado desde que asumió. Si la intención es tapar la crisis con el debate por los derechos humanos no tienen en cuenta la experiencia histórica. Son temas que no se tapan, sino que se suman.