La jueza quiere activar embargos

La jueza a cargo del juicio contra YPF volvió a dictaminar en favor de los fondos buitres que demandan al país en la causa por la reestatización de la petrolera. Este martes Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar el contenido de las comunicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, y de correos electrónicos oficiales y personales de funcionarios y exfuncionarios. La medida que alcanza al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa, busca documentar que YPF, otras empresas y el Estado "son lo mismo".

Mientras la sentencia que condena la entrega del 51 por ciento de las acciones de la compañía estatal se mantiene en suspenso hasta que las partes terminen de presentar sus argumentos, la magistrada decidió hacer lugar al discovery pedido por los capitales especulativos encabezados por la firma inglesa Burford.

Durante la audiencia pública celebrada entre las partes, que se realizó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Preska solicitó acceder a las comunicaciones de los celulares con el objetivo de conseguir pruebas que le permitan afirmar o descartar la injerencia del Gobierno en las decisiones de YPF. Además, reclamó información sobre bienes del Banco Central, el Banco Nación, aviones de Aerolíneas Argentinas y de la propia petrolera estatal, con el objetivo posterior de embargar activos.

Los abogados del Estado argentino dieron a conocer en sus argumentos sobre por qué reclaman que se mantenga la suspensión del fallo que obliga a ceder el control de YPF, en el mismo encuentro donde la titular tomó partido por los acreedores. Ejecutar el dictamen "causaría un daño irreparable a la República" y "podría desatar un conflicto diplomático significativo" con Estados Unidos, fundamentó la defensa.

La resolución judicial, en cambio, aceleró a favor de que los caranchos cobren el monto de 16.000 millones de dólares legitimado a través de esta misma Cámara. Esto sin tomar en cuenta que desde la Casa Blanca apoyan la estrategia argentina y consideran que lo prudencial es “esperar a la cuestión de fondo” porque de lo contrario generaría una crisis diplomática entre ambos países. Esta medida, que interfiere en la soberanía nacional, también funciona como precedente negativo para otros casos a nivel global.

El hostigamiento buitre muestra sus refuerzo y la defensa argentina rechaza la presión al manifestar que ya se colaboró con la facilitación de materiales en otras oportunidades, cumpliendo con lo requerido por la justicia. "Al igual que con los muchos documentos ya entregados por la Argentina desde que se inició el discovery post-sentencia en octubre de 2023, esta información será entregada a los demandantes pero no se publicará en el expediente, salvo que las partes de refieran a ella en algún escrito", explicó el abogado especialista en la causa, Sebastián Soler, en redes sociales.

La próxima audiencia tiene fecha para el 6 de agosto.