Lesa humanidad
La Justicia dictó un fallo que obliga al estado a mantener operando los sitios de memoria en CABA
Un fallo clave, asegura el funcionamiento de los lugares históricos como la ex ESMA, el Olimpo, Orletti y Virrey Cevallos, entre otros.
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El juez federal Ariel Lijo dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a mantener abiertos y en funcionamiento los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires. El pronunciamiento llega en un contexto de creciente preocupación por el vaciamiento de lugares emblemáticos de la memoria histórica.
En su resolución, Lijo exige que el Gobierno garantice la dotación de personal capacitado para continuar con las tareas de preservación y transmisión de los hechos ocurridos durante la dictadura.
Entre los lugares alcanzados se incluyen la ex ESMA, el Olimpo, Orletti y Virrey Cevallos. El dictamen responde a una denuncia presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien alertó sobre el desmantelamiento de estos espacios bajo la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Alberto Baños.
Montenegro celebró la resolución, destacando la importancia de la justicia en la preservación de la memoria histórica frente a los intentos de algunos sectores de reescribir la historia del terrorismo de Estado. "Es un posicionamiento clave en defensa de la verdad", expresó la legisladora.
El conflicto se centra en los recortes de personal y recursos en los cinco sitios de memoria gestionados por el Estado. Entre ellos, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Virrey Cevallos están en riesgo de cierre debido a los despidos masivos de trabajadores. Estos centros no solo preservan la memoria histórica, sino que también realizan un trabajo pedagógico y de investigación fundamental para entender los crímenes de la dictadura.
Cabe recordar que la ley 26.691, que establece la preservación de los centros clandestinos de detención como prueba judicial y como parte del proceso de memoria histórica, ha sido vulnerada por las políticas del Gobierno de Javier Milei. Según la denuncia presentada por Montenegro, los despidos y la falta de mantenimiento de los sitios contravienen las disposiciones legales que protegen estos espacios como patrimonio colectivo.