La Justicia dispuso la intervención de Correo Argentino y envió el concurso a la Corte
La Cámara de Apelaciones en los Comercial remitió este miércoles el expediente de la causa por el concurso de Correo Argentino SA a la Corte Suprema y dispuso la intervención de la empresa con la que la familia del presidente Mauricio Macri manejó el correo tras su privatización durante la década del ’90 y hasta […]
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La Cámara de Apelaciones en los Comercial remitió este miércoles el expediente de la causa por el concurso de Correo Argentino SA a la Corte Suprema y dispuso la intervención de la empresa con la que la familia del presidente Mauricio Macri manejó el correo tras su privatización durante la década del ’90 y hasta su estatización en el gobierno de Néstor Kirchner.
Se trata de la causa comercial que involucra a la familia Macri y que va en paralelo a la causa penal que se abrió tras el intento del gobierno de Cambiemos de condonar una deuda calculada en más de 70 mil millones de pesos a la familia presidencial.
La Sala B de la Cámara de Apelaciones resolvió remitir el expediente al máximo tribunal por razones de “gravedad institucional”, que no tiene plazo para resolver si acepta o no tomar a su cargo en esta instancia la causa. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el plantero el expediente volverpa al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001.
El fallo llega luego de que la Cámara hiciera lugar al pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclamó más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales “graves consecuencias”.
La Cámara resolvió la intervención y el envío del expediente a la Corte en simultáneo con la decisión de la jueza del mismo fuero Comercial, Marta Cirulli, quien dispuso designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante un “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”.
Cirulli designó al coadministrador, que deberá presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa.
Mientras tanto, en el fuero penal, el juez Ariel Lijo ordenó días atrás un informe técnico a peritos de la Corte para determinar si la quita de la deuda fue abusiva como lo sostuvo la fiscal Gabriela Boquin.