La Justicia frenó la privatización de AySA y pidió mantener el servicio en los municipios bonaerenses

La Justicia bonaerense dispuso frenar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una medida impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei para transferir el 90% de las acciones de la empresa pública al sector privado. 

En este marco, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y frena cualquier intento de recortar inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles de calidad del agua.

Asimismo, los habitantes de 26 municipios bonaerenses mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental. La Justicia dictó una medida cautelar de no innovar que obliga a la empresa AySA a abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura.

La resolución judicial responde a una acción preventiva de daños iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. El organismo solicitó la intervención de los tribunales frente al riesgo inminente de que el actual proceso de reestructuración y privatización de la firma prestataria derivara en un deterioro de los servicios esenciales o en el abandono de trabajos planificados.

Esta acción busca preservar el recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires y el daño ambiental que puede generar la desregulación.

El fallo llega en un contexto donde la firma de un nuevo esquema contractual en mayo de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a Licitación Pública para vender el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico. Además, la Defensoría alertó que el nuevo diseño tendía, en un análisis preliminar, a reducir exigencias regulatorias y diferir compromisos previamente asumidos.