La Justicia hizo lugar al pedido de nulidad de Scioli en la causa de irregularidades de las UPA

En un fallo de 203 páginas al que tuvo acceso RED 92, la Justicia hizo lugar al pedido de nulidad de Daniel Scioli y otros ex funcionarios de la provincia de Buenos Aires durante su gestión entre el 2007 y el 2015, en una causa que investigaba presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), denunciada realizada por Elisa Carrió.

Junto al  ex ministro de Salud de la provincia Alejandro Collia, el ex subsecretario administrativo del Ministerio de Salud Gerardo Pérez, los ex funcionarias Ana Beatriz Priolo y Matías Alcalde, y el empresario Ricardo Estanislao Miller, el actual ministro de Desarrollo Productivo estaba siendo investigado por el delito de "negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según explica el fallo, la investigación de fiscalía había determinado que "del estudio de las constancias reunidas en autos surgen indicios vehementes que entre los años 2011 y 2015 el Ministro de Salud Bonaerense, influido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por más de 117.000.000 pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención(UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA, conmotivo de la relación personal y comercial que el Gobernado rmantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste porsurol". También se agregó la realización de cuatro obras públicas por más de 71.000.000 pesos de la Subsecretaría Administrativa de la cartera de Salud, y la realización de otras dos obras más por más de 1.200.000 pesos desde la Dirección de Contabilidad.

Caber que recordar que la defensa de Scioli, conformada por los abogado Alfredo Gascón y Miguel Molina, había cuestionado la tarea de la Fiscalía, llevada a cabo por Álvaro Garganta: “Nunca fijó claramente cuáles eran los hechos típicos de su investigación y menos aún el objeto procesal. Mantuvo en vilo la IPP incluso vencidos todos los plazos procesales hasta que apareciera mágica e ilícitamente una noticia telefónica y clandestina que permitió conformar el absurdo cargo por el cual Scioli fue convocado a este proceso".

En síntesis los defensores afirman que "la denuncia no fue ingresada por los carriles normales, que se habría elegido el órgano instructor, que no hay certeza de la fecha de presentación, que la denunciante no fue quien la presentó, y que su rúbrica e identidad no fue verificada por el oficial".

En cuanto a los hechos denunciados, refirieron que "son falsos y las manifestaciones y atribuciones delictivas inespecíficas y absurdas, todo en un evidente contexto político que es ajeno a la administración de Justicia".

Replicaron que "no se ha probado la influencia que se dice operada, no de qué manera se la habría realizado y menos aún cuál sería la irregularidad en la adjudicación para la instalación de las UPA o el perjuicio económico al Fisco". Señalaron que la relación de Capanone S.A. con Miller Building S.A. está exteriorizada en la contabilidad de Capanone S.A. indicativo de que ninguna clandestinidad existía en el vínculo entre ambas empresas. También, negaron categóricamente que Scioli hubiera volado en los helicópteros de Miller durante su mandato como Gobernador.

Finalmente, plantearon la nulidad del requerimiento  "por atribuir conductas no imputadas".