La justicia intimó al jefe de la SIDE a entregar archivos de la dictadura

La justicia federal intimó a Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a que envíe en el plazo de esta semana información relativa a víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos conocidos como Automotores Orletti y Base Pomar, que fueron regenteados por los espías entre 1976 y 1977.

El juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, intimó a Auguadra a que envíe documentación sin tachaduras para que pueda ser analizada en el juicio que se lleva adelante. Grünberg aclaró que la remisión debería ser en el plazo de cinco días hábiles “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”.

El año pasado, a pedido del TOF 1, la SIDE remitió documentación. El problema es que lo hizo con datos testados o tachados, que podrían servir para identificar a nuevos responsables de los secuestros y desapariciones.

Tanto la fiscalía, que encabeza Pablo Ouviña, como la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamaron que se retiren las tachas. Para las partes, es una discusión que se saldó hace más de 16 años con el decreto 4/2010.

En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner removió la clasificación de seguridad para toda la información en poder de las Fuerzas Armadas relativa al período 1976-1983, que no estuviera vinculada al tema Malvinas. La SIDE, por entonces, funcionaba bajo la órbita de las Fuerzas Armadas.

Desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó al Gobierno hubo una política para retacear el envío de documentación o, en los casos en los que se hacían estas remisiones, ni siquiera se informaba el nombre del funcionario que lo estaba haciendo.

En marzo de 2025, el entonces vocero Manuel Adorni anunció que Javier Milei había decidido desclasificar los archivos en poder de la SIDE, a partir de la implementación del decreto 4/2010 de CFK. Sin embargo, desde entonces, la SIDE solo publicó dos tandas de documentos que fueron seleccionados por las propias autoridades del organismo.

Frente a la imposibilidad de acceder a los documentos, el CELS, junto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta, iniciaron un reclamo ante la justicia en lo contencioso administrativo. A principios de mes, el juez Walter Lara Correa dijo que las organizaciones tenían razón en su reclamo y que esa desclasificación parcial y arbitraria de la SIDE no alcanzaba. El tema está ahora en la Cámara del fuero, donde reclaman que los jueces directamente ordenen la entrega de la documentación.

Durante décadas se dijo que la SIDE no tenía información sobre lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. Esa versión se cayó cuando la exfiscal Cristina Caamaño fue enviada como interventora de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Caamaño creó un programa para buscar y sistematizar la información en poder de la SIDE. También firmó un convenio para digitalizarla, que fue presentado en la propia Casa Rosada, y conformó una mesa conjunta con los organismos de derechos humanos para identificar los documentos que serían más relevantes para las investigaciones judiciales y para la búsqueda de los bebés robados que llevan adelante las Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante las intervenciones de Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, se continuó con la política y se remitió documentación a los juzgados, sobre todo al de Daniel Rafecas, que está a cargo de investigar los dispositivos represivos que estuvieron en manos de los espías.

Durante la dictadura, la SIDE regenteó tres centros clandestinos: la base Bacacay, Automotores Orletti y la base Pomar. Orletti funcionó como una base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

Este año, el TOF 1 comenzó un nuevo juicio por crímenes cometidos en Orletti y Pomar. En este proceso están siendo juzgados Patricio Finnen, César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Julio Casanova Ferro.

Finnen supo ser uno de los pesos pesados de la SIDE durante la década de 1990. Fue el creador de la llamada Sala Patria, conformada para salir a la persecución de Enrique Gorriarán Merlo tras la toma del regimiento de La Tablada en 1989. Finnen después se involucró en la investigación del atentado contra la AMIA. Fue condenado por la Cámara Federal de Casación Penal por haber pagado con fondos reservados al reducidor de autos Carlos Telleldín para que declarara e involucrara a un grupo de policías bonaerenses en el ataque contra la mutual que dejó 85 muertos.

De acuerdo con la resolución, uno de los informes que tendrían más tachaduras es el que la SIDE envió sobre el exdiputado Juan Carlos Comínguez, secuestrado a la salida de la sede Callao del Partido Comunista (PC) y conducido a la base Pomar con otros camaradas. Comínguez –único sobreviviente vivo de ese centro clandestino– declaró semanas atrás en el juicio.

Auguadra fue convocado para presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). Según trascendió, el jefe de la SIDE podría ir la semana próxima al Congreso para dar explicaciones sobre el rol del organismo. Antes, deberá mandar los archivos a Comodoro Py.