La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.

La decisión alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Las querellas fueron excluidas del caso y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.

El magistrado sostuvo que la petición fiscal fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso luego del apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes.

 El argumento central: no se acreditó el engaño

Uno de los puntos centrales del expediente fue determinar si la promoción pública de $LIBRA, la suba inicial de su cotización y el posterior derrumbe habían formado parte de una maniobra organizada para perjudicar a los compradores.

La denuncia apuntó a que el mensaje publicado por Milei en su cuenta oficial de X el 14 de febrero de 2025 había impulsado el precio del token, que pasó de un valor inicial cercano a un centavo de dólar a rozar los cinco dólares, antes de desplomarse. Según la hipótesis denunciada, algunas billeteras vinculadas con los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas.

Sin embargo, para la Fiscalía, el resultado económico adverso no bastaba para configurar una estafa. El análisis sostuvo que era necesario demostrar cuál había sido el engaño concreto, cómo había inducido a error a los compradores y de qué manera había provocado sus decisiones de inversión.

El juez recogió ese razonamiento y advirtió que la promoción presidencial podía haber tenido una influencia relevante en la repercusión del proyecto, pero que esa circunstancia no demostraba, por sí sola, la existencia de una maniobra fraudulenta.

En ese sentido, el fallo señaló: “La notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio”.

Y agregó que debía identificarse qué aspecto del proyecto o de su funcionamiento había sido presentado de manera engañosa, o qué información relevante se habría ocultado.

“La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”, sostuvo la resolución.

El magistrado también recordó un antecedente de la Cámara Federal, que había advertido que la hipótesis inicial de un plan organizado desde las más altas esferas del Gobierno se había debilitado frente a las exigencias del delito de estafa.

Los mensajes borrados y la nota que mencionaba a Javier y Karina

Uno de los elementos de la investigación surgió del teléfono del empresario amigo de Milei, Mauricio Novelli. Los peritajes detectaron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, además de registros de llamadas entre Novelli y el Presidente.

Sin embargo, los análisis técnicos no permitieron determinar el contenido de esas comunicaciones telefónicas.

También se encontró un archivo con una nota que hacía referencia a una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei. Para la Fiscalía, ese documento no alcanzaba para acreditar que hubiera existido una propuesta comunicada y aceptada.

El fallo precisó que los peritajes no lograron verificar que el contenido de la nota hubiera sido transmitido a terceros mediante las aplicaciones examinadas.

En relación con Karina Milei, la acusación había planteado la posibilidad de que recibiera dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. Sin embargo, el fiscal sostuvo que no se había probado que hubiera solicitado o recibido una ventaja a cambio de influir indebidamente en un funcionario público.

Entre los elementos analizados figuraron los registros de ingresos a la Casa Rosada y los encuentros con empresarios extranjeros. La resolución también destacó que dos empresarios que habían hablado públicamente sobre presuntos pedidos de dinero para acceder a reuniones con Milei no habían mencionado a la secretaria general de la Presidencia como involucrada.

La conclusión fiscal fue que no se había acreditado un intercambio entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta.

Qué pasó con la acusación contra el Presidente

El expediente también analizó si la publicación de Milei podía constituir abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el primer caso, la Fiscalía consideró que no se había demostrado la existencia de órdenes o resoluciones contrarias a la ley ni de actos funcionales vinculados con la difusión de $LIBRA.

Además, citó un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción que había concluido que el mensaje publicado desde la cuenta personal del Presidente no constituía un acto institucional ni implicaba el uso de recursos públicos o el ejercicio de facultades propias de su cargo.

Respecto de las negociaciones incompatibles, el dictamen sostuvo que tampoco se había acreditado que Milei hubiera intervenido, en ejercicio de sus funciones oficiales, en un contrato u operación económica ni que un interés particular hubiera condicionado la actuación de la Administración Pública.

La investigación sobre el recorrido del dinero

Durante la instrucción se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación, y se ordenaron peritajes sobre teléfonos y comunicaciones. También intervinieron dependencias especializadas en ciberdelincuencia y análisis financiero para reconstruir las operaciones efectuadas en la red Solana.

Los investigadores identificaron billeteras vinculadas con la emisión y distribución inicial del token y reconstruyeron transferencias hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. A partir de esos hallazgos se solicitaron medidas de congelamiento de activos y cooperación internacional.

Entre las medidas patrimoniales se incluyó un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección que había recibido fondos provenientes de billeteras etiquetadas como “LIBRA: TEAM WALLET”.

No obstante, los informes técnicos reseñados en el fallo no permitieron establecer, respecto de algunos de los involucrados, una conexión suficiente entre los movimientos de dinero detectados y la maniobra denunciada. También se consignó que ciertas ampliaciones de los análisis de trazabilidad no pudieron completarse por limitaciones técnicas.