La Libertad Avanza busca acuerdos para aprobar fondos buitre, propiedad privada y pliegos judiciales

La actividad parlamentaria entrará en una etapa decisiva durante los próximos días, cuando el Senado de la Nación defina si avanza con una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. La Libertad Avanza trabaja contrarreloj para garantizar una sesión prevista para el jueves 4 de junio, en la que busca aprobar proyectos considerados estratégicos para la administración nacional.

Hasta mediados de la semana pasada, el oficialismo contaba con acuerdos preliminares para tratar dos proyectos centrales y validar 73 designaciones para distintos cargos dentro del Poder Judicial. Sin embargo, la decisión del Gobierno de retirar el respaldo a la candidatura de la jueza Verónica Michelli alteró el clima político y generó tensiones con sectores dialoguistas que habían acompañado las negociaciones.

Por ese motivo, el contenido definitivo de la sesión será discutido durante la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles, donde se espera una intensa ronda de conversaciones entre oficialismo y oposición.

Uno de los puntos más importantes para el Gobierno es la aprobación de los acuerdos alcanzados con dos fondos buitre que mantienen litigios contra el Estado argentino desde la crisis de deuda originada tras el default de 2001. El entendimiento contempla el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP., totalizando 171 millones de dólares.

Según el Ejecutivo, el acuerdo incluye una reducción cercana al 30% respecto de las sumas originalmente reclamadas y permitiría cerrar algunos de los últimos litigios pendientes con acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda realizados en años anteriores.

Otro de los proyectos que el oficialismo pretende convertir en ley es la denominada iniciativa de “inviolabilidad de la propiedad privada”. La propuesta introduce modificaciones en varios regímenes legales relacionados con la tenencia y uso de la tierra.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los límites para la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros, aunque la autorización final quedaría bajo la órbita de cada provincia. Asimismo, se establecen nuevas reglas para los procesos de desalojo, diferenciando los casos de usurpación de aquellos vinculados a incumplimientos de pago.

En las situaciones consideradas usurpaciones, se aplicaría un procedimiento sumarísimo para agilizar el desalojo. En cambio, para quienes registren deudas por alquileres u otras obligaciones, se contempla un plazo de diez días para regularizar la situación antes de avanzar judicialmente.

La iniciativa también propone modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno sostiene que el objetivo es otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre el uso de los territorios afectados por incendios, reduciendo las restricciones establecidas por la normativa vigente.

En paralelo, el Senado tiene habilitado el tratamiento de 73 pliegos judiciales correspondientes a jueces, fiscales y defensores públicos. No obstante, varias postulaciones generan controversias y podrían convertirse en un foco de conflicto durante las negociaciones.

La situación más delicada gira en torno a la candidatura de Verónica Michelli, cuyo pliego fue cuestionado por el Gobierno. El episodio provocó malestar entre sectores de la oposición dialoguista y amenaza con afectar el respaldo necesario para avanzar con el paquete completo de designaciones.

Con una agenda cargada de temas sensibles y acuerdos aún en construcción, el Senado afrontará una semana determinante para el oficialismo, que buscará convertir en leyes algunas de sus principales iniciativas legislativas mientras intenta evitar que las diferencias políticas frenen el avance de sus proyectos.