La oposición busca avanzar con más de 30 proyectos para regular el endeudamiento

Más de 30 proyectos para regular el acceso al crédito, limitar prácticas abusivas y establecer mecanismos de asistencia para personas sobreendeudadas serán impulsados este miércoles por distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados.

Las iniciativas buscan avanzar pese a la resistencia de La Libertad Avanza y sus aliados, luego de que el presidente Javier Milei descartara tomar medidas sobre el endeudamiento y la morosidad al considerar que se trata de un "problema entre privados".

Durante la sesión, los bloques no oficialistas intentarán emplazar a las comisiones a las que fueron girados los proyectos para poner en marcha una discusión que hasta ahora no logró avanzar. Sin embargo, los impulsores reconocen que será difícil alcanzar la mayoría especial necesaria para incorporar el tema por fuera del temario.

La votación servirá además para medir el nivel de respaldo que tienen las propuestas entre los bloques provinciales y los sectores que suelen acompañar al Gobierno.

En un primer relevamiento, los bloques opositores habían contabilizado 28 proyectos, pero luego la cifra aumentó a 34 y podría continuar creciendo a medida que el deterioro de la situación crediticia gana espacio en la agenda pública.

Las propuestas tienen diferentes alcances, aunque coinciden en plantear mayores controles sobre billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, límites a las tasas y costos financieros, obligación de informar de manera clara las condiciones de los créditos y mecanismos para reestructurar las deudas de quienes ya no pueden afrontar los pagos.

Uno de los proyectos fue presentado por el diputado radical Pablo Juliano y propone crear un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para personas en situación de insolvencia o sobreendeudamiento estructural.

La iniciativa también establece que los proveedores de crédito deberán informar de forma clara las tasas de interés, el costo financiero total y las comisiones, además de evaluar la capacidad de pago de los solicitantes antes de otorgar financiamiento.

A su vez, busca establecer límites a las prácticas de cobranza y prohibir acciones como el hostigamiento, las intimidaciones o el contacto con terceros con el objetivo de presionar a una persona que mantiene una deuda.