La Provincia intervino en un caso de discriminación en un colegio de Pilar

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires intimó al colegio privado Magno de Pilar a dar marcha atrás con la quita de la matrícula a ocho estudiantes con discapacidad.

La disposición del colegio se va de bruces con lo que marca la Ley de Educación Provincial n°13.688, donde se establecen los lineamientos para “todo el sistema educativo” tanto de gestión privada como estatal. Además incumple claramente con “los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa” que allí también se encuentran explicitados.

En los artículos 4 y 5 del texto, se indica que es responsabilidad de la DGCyE “proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes”, lo que se complementa con el Decreto reglamentario 552/12, que establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su incumplimiento.

Uno de los padres de los alumnos perjudicados por la decisión de la institución educativa indicó que la explicación que le dieron para sostener la decisión de no inscribir a su hijo, es que la presencia de alumnos de sus características “baja la vara de la escuela” hiriendo de muerte el espíritu y los objetivos de la citada Ley.

Por estos motivos las autoridades educativas provinciales labraron un acta donde se intima a la institución a retrotraer su decisión en el plazo de 48 horas, para resguardar el interés superior de los infantes.

“La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión, que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado. En una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante” indicaron desde la cartera que conduce Alberto Sileoni, desde donde aseguraron que a diario “se trabaja diariamente en la construcción de los vínculos y en el respeto hacia las y los otros, promoviendo la convivencia, la contención y la integración”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, recalcó que “esto no es un derecho de admisión, es vulnerar derechos internacionales”, y puso a disposición de los padres ayuda desde el organismo que conduce antes de reflexionar que “hubo reacción rápida del ministerio ante un caso que no amerita discusión porque es una sola mirada y camino; Este tema está atravesando a toda la sociedad”.