Las maniobras para desvirtuar el contenido de los audios de la causa Andis

Un análisis de expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación del Ministerio Público Fiscal (DATIP) que participaron en el peritaje de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, donde hablaba de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue lapidario con Gendarmería Nacional –fuerza que depende del Gobierno Nacional–, a la que responsabilizó por poner obstáculos para llevar adelante el estudio, a punto tal de evitar concretar el cotejo de voz del exfuncionario alegando limitaciones técnicas. A diferencia de esa fuerza, que sostuvo que no se puede afirmar que se trate “emisiones humanas de origen natural” (como quien sugiere que podrían ser artificiales), la DATIP aseguró que solo encontró en las grabaciones “características habituales de la producción vocal humana” y que no hubo hallazgos que muestren “generación sintética o modificación mediante inteligencia artificial”.

Gendarmería estuvo a cargo de realizar este peritaje que había pedido el propio Spagnuolo, como parte de sus intentos por voltear la causa que desnudó una enorme trama de corrupción en el organismo de discapacidad. La gran paradoja es que después ni siquiera quiso entregar una muestra de su voz para que pudiera ser llevado adelante. La Sala II de la Cámara Federal había pedido que se determinaran el origen y veracidad de las famosas grabaciones donde había referencias al reparto de retornos del 3% para Karina Milei y otro tanto para Eduardo “Lule” Menem. Los peritos de la DATIP, que son cinco, intervienen en representación de la fiscalía de Franco Picardi. Por Gendarmería participan tres, de la División de Acústica Forense. Spanguolo puso sus técnicos también.

Dos semanas atrás, el Gobierno intentó instalar que los audios eran falsos. El informe firmado fue incorporado recién este jueves a la causa, a cargo también del juez federal Ariel Lijo. El primer problema para la administración libertaria es que las conclusiones no dicen que sean sintéticas. Señala que no puede afirmar ni descartar que se trate de la voz de Spagnuolo. “No fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”, dice el texto al que accedió este diario.

Más allá de esa afirmación, que desmiente la versión fogoneada desde la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia, un anexo de los peritos de la DATIP denuncia que no les permitieron dejar sentada su posición en una disidencia como se hace habitualmente; el cotejo con la voz de Spagnuolo no se hizo porque Gendarmería no quiso y no había muestra de voz; los peritos de la fuerza federal interviniente cambiaron de opinión en cuestión de días sobre la viabilidad para analizar un archivo de audio identificado como “que tiene lule menem con Karina.mp4” (primero sostuvieron que era apto para el estudio y luego que no); la DATIP asegura que no hubo ninguna violación a la cadena de custodia y que, entre los exámenes eludidos, no se explicó en qué consisten las ediciones (que a simple vista solo parecen haber excluido la voz de algún interlocutor).

Vale recordar que los audios difundidos por primera vez por Carnaval Stream, si bien pusieron sobre el tapete una trama de enormes irregularidades en la Andis, nunca fueron utilizados hasta ahora en la investigación como prueba para respaldar los delitos adjudicados (asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación, tráfico de influencia, cohecho y, para algunos, lavado), tanto a Spagnuolo como a su número dos, Daniel Garbellini, al lobista Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella, más otros exfuncionarios y empresarios. Hubo hasta ahora dos tantas de 18 y 24 procesamientos. Ahora Lijo está tomando 43 nuevas indagatorias vinculadas con la participación de la droguería Suizo Argentina. El criterio siempre es el mismo: la evidencia son documentación, contenido de dispositivos (chats y documentos), movimientos de dinero, anotaciones.

Las críticas drásticas

Los peritos de la DATIP dejaron asentada su disconformidad con el modo en que se cerró el dictamen pericial, ya que no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones, que fueron acaparadas por la Gendarmería, como si fueran una única visión. La posición quedó escrita en un anexo. Todo indica que desde algún sector del Gobierno se intentó propiciar que esta fuerza federal hiciera un dictamen para derribar la causa, para plantear su nulidad.

En Comodoro Py, el asunto trajo un deja vú de la pericia que hicieron gendarmes al mando de Patricia Bullrich para decir que a Alberto Nisman lo habían asesinado, sin poder generar ni la más mínima demostración verosímil sobre cómo fue y quién habría ejecutado el homicidio. Acá no parecen haber llegado tan lejos: habrían puesto algunos impedimentos para avanzar y a lo sumo se animaron a decir que no pueden hacer ampulosas afirmaciones ni para un lado ni para otro. Solo insinuaciones.

La crítica central de la DATIP es que Gendarmería se negó a hacer una comparación de la voz de los audios difundidos (que fueron entregados a la justicia por el periodista Mauro Federico) con la voz de Spagnuolo. El argumento era que el programa disponible llamado Forensia v2.0 tenía limitaciones de calibración para poder hacer un cotejo. Pero los expertos de la fiscalía mostraron que el propio peritaje reconocía que había 15 archivos que tenían buena calidad para ese procedimiento. En “cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una comparación forense con una muestra de voz indubitada…”. Explicaron que el protocolo prevé tres tipos de análisis en ese rubro: perceptual, otro semiautomático y otro automático. Lo que se exige es aplicar al menos dos. El programa, según la DATIP, no servía para el análisis automático (con un programa), pero eso no impedía hacer los otros dos (el perceptivo es auditivo y el semiautomático se basa en mediciones de la señal). El planteo fue que, aunque esos métodos dieran lugar a conclusiones con un menor grado de confianza, eso “tampoco justifica prescindir del estudio”.

Este organismo especializado del Ministerio Público mostró que sus colegas de Gendarmería exhibieron contradicciones a punto tal que el 2 de septiembre determinaron que el archivo identificado como “que tiene lule menem con Karina.mp4”, “reunía las condiciones previstas en el Protocolo para ser considerado apto”. Entonces se convocó a Spagnuolo para que aportara su voz (algo que no hizo). Dos semanas después, el 16, los peritos dijeron sobre ese mismo archivo que el cotejo no era “técnicamente procedente”, pese a que habían demostrado poder hacer análisis semiautomático.

La DATIP cuestionó que los gendarmes arriesgaron que los audios podían haber sido objeto de reproducción y posterior grabación, a la vez que reconocieron que no pueden “establecer de manera concluyente dicho mecanismo”.

Mientras los peritos oficiales escribieron que no podían afirmar, pero tampoco descartar que la voz hubiera sido fabricada con inteligencia artificial, la DATIP asegura que eso no se corresponde con los hallazgos del estudio. Lo dicen de varias maneras. Por ejemplo: “El propio análisis identificó características compatibles con el habla humana espontánea, como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles”; “se identificaron características compatibles con una producción vocal natural, sin haberse documentado anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados”. Todo esto, consideraron, debería ser incluido en las conclusiones, pero brilla por su ausencia. Es decir, si se usaron ciertos métodos como idóneos, había que reflejar lo que mostraron y, si no servían, no había que aplicarlos.

Gendarmería dice que detectó señales compatibles con cortes o ediciones, pero no analizó el contenido de los tramos que no presentaban esas interrupciones. Eso habría ayudado a distinguir para qué eran esos cortes: si para seleccionar ciertos fragmentos o quitar la intervención de otras personas o unir partes para provocar cambios de sentido. Todo hace suponer que fueron eliminados el o los interlocutores, que podrían ser el consultor preso en Bolivia Fernando Cerimedo y/o su expareja Natalia Basil, que trabajó con Spagnuolo en Andis.

La DATIP considera que no hay violación de ninguna cadena de custodia cuando se trata de material entregado voluntariamente. Después de esa entrega debe haber una preservación, pero no se hallaron rastros de manipulaciones.

Gendarmería Dixit

La fuerza reconoció que había 14 audios aptos para el análisis de voces y 43 que no. Pero señaló que tenían “características compatibles con un proceso de regrabación mediante transferencias acústicas” y, según su enfoque, el sistema Forensia no serviría en ese caso para la comparación. A la vez sostuvo que no podía avanzar con un análisis exclusivamente auditivo-perceptual, pero no explicó las razones. “Por las limitaciones técnicas y metodológicas (…) no fue posible efectuar la comparación de parámetros acústicos fonéticos solicitada…”. Advirtió sobre cortes, “discontinuidades” y ediciones, pero planteó: “No es posible determinar el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”.

Sobre esto último dijo también que “la ausencia de información contextual independiente sobre el origen de las grabaciones, los dispositivos y condiciones de captación, los procesos de tratamiento posterior y la disponibilidad de los archivos fuente originales, sumada a las limitaciones de las herramientas informáticas forenses disponibles en esta división, restringe la posibilidad de establecer las causas de las características acústicas detectadas y reconstruir los eventuales procesos a los que pudieron haber sido sometidos los archivos examinados”.

Respecto de la voz de Spagnuolo: “No fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spanguolo…”. “Las conclusiones alcanzadas se encuentran limitadas por las características del material aportado, la ausencia de información contextual y el alcance de los procedimientos aplicados”. En definitiva, queda claro que esto es lo que dicen los tres peritos de gendarmería y el de la defensa, pero que hay cinco del Ministerio Público Fiscal que advierten que se limitó el estudio y dejan entrever que fue adrede, porque se podía profundizar.

Seguramente el Gobierno y Spagnuolo insistirán que su eslogan según el cual los audios serían falsos, aunque una lectura profunda dice lo contrario. Parece difícil que eso sirva para derribar un expediente donde los sobreprecios, las coimas y direccionamiento de contrataciones millonarias para comprar medicamentos de alto costo y baja incidencia (destinados a personas sin acceso a la salud) fueron exhibidos con pruebas totalmente independientes y que ya respaldó incluso la Cámara. Lo que ahora desvela al Gobierno es el 3% para Karina que aparece en aquellas célebres grabaciones.