TRASLADO CONFIRMADO

Lázaro Báez se traslada a El Calafate para cumplir su condena

Traslado aprobado por la Justicia. El empresario Lázaro Báez viajó por tierra a El Calafate, donde continuará cumpliendo su condena. La Justicia había autorizado previamente el traslado, que se concretó luego de considerar las condiciones climáticas y logísticas necesarias para el viaje. Báez solo había regresado a Santa Cruz en 2018 para el entierro de su madre, tras su detención en 2016.

Autorización del Tribunal Oral Federal 4

En febrero, Báez solicitó permiso al Tribunal Oral Federal 4, el cual lo condenó por la ruta del dinero K y lo está juzgando por la compra de un campo en Uruguay. La autorización se otorgó tras cinco meses, después de que el tribunal consultara a la Fiscalía y recibiera un informe de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica sobre las condiciones del lugar y el monitoreo de la pulsera electrónica.

Inicialmente, se consideró una dirección en Río Gallegos, pero finalmente Báez se trasladó a una casa en la Costanera de El Calafate, confirmada por fuentes familiares. Esta casa, ubicada en la calle Néstor Kirchner al 2800, fue allanada en 2016 y cuenta con características particulares como un ascensor y espacios ocultos.

Para evitar situaciones como la ocurrida en 2020, cuando Báez intentó mudarse a Pilar y enfrentó la oposición de los vecinos, los detalles del traslado se mantuvieron en reserva. Báez cumplía su arresto domiciliario en San Vicente y ahora vivirá en El Calafate con su nueva pareja, Claudia Noemí Insaurralde, cerca de sus cuatro hijos.

Situación judicial de Báez

La situación judicial de Báez es compleja. Fue condenado a 12 años por la "ruta del dinero K", aunque la pena se redujo a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. En junio, el Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a 3 años y 6 meses por apropiación indebida de aportes de sus empleados. Actualmente, está siendo juzgado por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, con la UIF y la AFIP pidiendo condenas de 9 y 7 años, respectivamente.