Los bonistas rechazaron la nueva oferta del Gobierno y se complicó el canje de deuda

La negociación de la deuda entró en terreno pantanoso este miércoles tras un nuevo rechazo de los acreedores a una tercera oferta de reestructuración realizada por el Gobierno. Mientras en la Casa Rosada afirman que no habrá una propuesta mejor, un grupo de bonistas comenzó a agitar la posibilidad de hacer juicios en tribunales extranjeros.

El Ministerio de Economía decidió cancelar los acuerdos de confidencialidad para sentar a la mesa a los fondos de inversión. Sin perspectivas de un arreglo inminente, el plazo de negociación que vence el viernes, se descuenta, será extendido.

La última propuesta de Martín Guzmán a los acreedores incluye un plazo de gracia más corto (de un año), quitas de capital más leves (que pasarían de 5-7% a 3%) y pago de cupones más generosos, que llegarán a ser de 5% anual para algunos de los diez bonos a emitir.

Además, formalizó la inclusión de un nuevo bono atado al nivel de exportaciones. Ese nuevo instrumento pagaría un 0,75% extra a los acreedores a partir de 2026 y hasta 2046. Para ejemplificar, en 2026 se abonaría ese cupón si las exportaciones agrícolas de 2025 suman un monto superior al promedio exportado entre 2020 y 2024.

Por su parte, dos comités de bonistas hicieron sus propias contraofertas. En el caso del grupo Ad Hoc, integrado entre otros fondos por Blackrock, el esquema de pagos exigía tasas de interés más altas, aunque afirmaron que implica un alivio de deuda de U$S2000 millones para el Estado.

Otra asociación de acreedores (Bondholder Group, integrado por Fintech y Gramercy, entre otros) está más cerca de la última oferta oficial, aunque busca cobrar una porción levemente más alta de intereses y que el cupón atado a las exportaciones empiece a pagar en 2024.

En el Palacio de Hacienda hacen una división clara entre estos dos comités. El que lidera Blackrock es identificado como el más inflexible mientras que Bondholder Group "considera más lógica nuestra propuesta", explicaron cerca de Guzmán.

La tercera propuesta de pago difundida este miércoles implica un "valor" del canje cercano a los 50 dólares por cada 100 de deuda, en línea con lo que había recomendado el FMI. "Tenemos orden del Presidente de no movernos de esa oferta", explicaron en Economía.

"Los inversores respondieron proponiendo ajustes con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad y para avanzar con un programa con el FMI", cuestionó el Gobierno en un comunicado.

"El proceso de negociación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente. La República evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica", concluyeron.

El grupo Ad Hoc, el de Blackrock, respondió con un duro comunicado en que afirmó que "las autoridades han optado por profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra solución sostenible y sensata".

Y fueron más allá al agitar la posibilidad de hacer juicios en tribunales extranjeros. "Dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo".

Desde que se consumó el default de la deuda bajo ley extranjera el 22 de mayo pasado, los bonistas consiguieron el derecho a reclamar judicialmente la aceleración de los pagos. Esto es, que los tenedores de la deuda exijan que el Estado pague no solo los montos incumplidos en ese vencimiento sino todos los desembolsos proyectados hasta la finalización del bono.

Para conseguir ese derecho, los acreedores deben reunir el respaldo de al menos el 25% de los tenedores de ese título público. Atado a este derecho que adquieren los bonistas, se agrega una claúsula conocida como default cruzado, que "iguala" a todos los bonos. Es decir, de esta forma se considerarían impagos todos los títulos que cuenten con ese artículo en su contrato.

Minutos después de que se difundiera la tercera oferta oficial y el rechazo inversor, el presidente Alberto Fernández admitió que hay "diferencias" con los acreedores y criticó que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende", dijo en un tiro por elevación a Blackrock.

El jefe de Estado consideró además que si el país no llega a un entendimiento, "en términos reales, no hay mucha diferencia". "Va a haber problemas para que las empresas tengan acceso al crédito, pero ya los tienen", argumentó.

Sin embargo, evaluó que "siempre es mejor acordar" e insistió: "Es mejor pagar la deuda que no pagarla, claramente. "Tenemos diferencias", reconoció el Presidente al referirse a los bonistas y apuntó: "No depende sólo de nosotros".