Los Carzalo, los hombres detrás del negocio de las cámaras de Larreta

La colega Irina Hauser reveló en un informe periodístico publicado por Pági­na 12 el origen de la empresa que se hizo con la licitación del software del ­sistema de reconocimiento facial que utilizó la Ciudad de Buenos Aires y derivó en un escándalo de proporciones cuando, ante un pedido del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y el Centro de Es­tudios Legales y Sociales (CELS), terminó siendo suspendido por la Justicia e investigado por el uso “irregular” de datos de los ciudadanos.

Según se informó al momento de ponerse en marcha, se usaría solo para identificar prófugos de la ­Justicia, pero resulta que, según detectó el juez Andrés Gallardo, se implementó para el acopio de datos biométricos en dependencias del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de más de 7 millones de personas, incluidas algunas que son bien conocidas, desde el ­Presidente Alberto Fernández, la propia exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de la oposición, referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto, sindicalistas, jueces, referentes sociales y periodistas.

Hauser relata en su investigación que en apenas seis minutos desde su publicación la empresa Danaide ganó dicha licitación, pese a que se encuentra a nombre de solo dos personas, carece de oficinas, tiene un capital social ínfimo y unas ganancias exorbitantes sin repartir dividendos.

Los nombres detrás del “panóptico” de Larreta

Danaide SA tiene dos accionistas visibles, Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. El último balance accesible ante la Inspección General de Justicia es el de 2019, donde declaraban ganancias por 517.646.407 pesos, con la curiosidad de que no se distribuyen entre los accionistas, sino que pasan a una cuenta de “resultados no asignados”. El capital social es de apenas 12.000 pesos y tenía para la fecha en cuestión un patrimonio neto de 182.937.818 pesos. Tampoco poseía inmuebles y el lugar donde funciona una supuesta sede es un galpón alquilado. Los ­gastos más asombrosos son en “sueldos y jornales”: consignaron pagar 39.579.062 pesos en aquel entonces, hace ya tres años, además de “subcontratación de servicios” por 2.645.351 pesos y “movilidad y viáticos” por 482.905. También tuvo ­gastos de importación: 13.303.678 pesos. Declaraba una cuenta con 24 millones en el Banco Provincia y pocas deudas.

Además de manejar toda la red de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, en 2021 Danaide se postuló para el “servicio integral de monitoreo y control de autopista y edificios” de AUSA (Autopistas Urbanas). Hubo solo dos oferentes, y su propuesta por 406.801.530 pesos fue la mejor. En su página web la firma se jacta: “Danaide ha implementado su solución de video­vigilancia para Autopistas Urbanas, que cuenta con varios puntos de video remotos, un centro de monitoreo y varios puestos de operación distribuidos por los peajes”. Esto aparece en una pestaña bajo el título de “smart cities” (“ciudades inteligentes”), donde la empre­sa también hace gala de su “Plan Integral de Videovigilancia de la ciudad de Buenos Aires” y dice que es “un proyecto diseñado en 2019 con el objetivo de optimizar las tareas de prevención delictiva y generar procesos investigativos más eficientes mediante la utilización de evidencia fílmica”.

El abogado Rodrigo Iglesias, quien forma parte del Observatorio de Derecho Informático Argentino, había señalado anteriormente a este multimedio que “este sistema de identificación no sirve, tiene problemas, no cumple con ninguna ley y vamos a tener problemas. Queremos saber cómo funciona, pero no nos dejan; tenemos 300 licencias de software en las más de 11.000 cámaras, no sabés cómo funciona y ni siquiera hiciste estudios de impacto previos”.

El pasado de los Carzalo tiene más para contar

Hernán y Juan Agustín Carzalo, parte de una sociedad familiar dueña de una reconocida tienda de ropa en La Plata, no solo se dedicaron a los sistemas informáticos, sino que varios años atrás, a través de una empresa denominada San Martín SA, estuvieron realizando negocios dentro del rubro de alquiler de oficinas e inmuebles.

En el año 2013, este medio daba cuenta de que por ese entonces el gremio Soeme, que nuclea a los auxiliares docentes de la educación, denunciaba los serios problemas de infraestructura edilicia en las dependencias administrativas.

Así puntualizaban que más de 400 trabajadores que se desempeñaban en el área de Contralor Docente cumplían sus funciones en graves condiciones de hacinamiento, con paredes electrificadas, sin matafuegos y sin salida de emergencia.

En aquel momento, este multimedio sacaba a la luz que detrás de estas falencias existía un importante negocio: el área de Contralor Docente que funcionaba en calle 60 entre 10 y 11 era una propiedad que la cartera educativa alquilaba a la firma de indumentaria platense Carzalo.

En ese marco, se sospechaba entonces que el alquiler estaría sobrevaluado, ya que la cartera educativa estaría pagando unos 28.500 pesos de entonces por mes por la locación del lugar, a los que se le sumarían otros 30.000 por dependencias que se encuentran en las adyacencias, y que también son alquiladas a Carzalo por parte de la Dirección de Escuelas.