Los convenios de Larreta, frenados por la Justicia y por la oposición interna

A medida que transcurren los años y las décadas, la cuestión del uso del espacio público se vuelve más apremiante y en cada ciudad aflora la tentación de saltarse las normas vigentes para aprobar proyectos inmobiliarios por vía de excepción. Es una cuestión delicada que suele provocar controversias en los municipios grandes y pequeños.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las excepciones son ya un modus operandi. Más que la excepción, la regla. O lo serían si no fuera porque de todos los proyectos inmobiliarios que el gobierno de Horacio Rodrí­guez Larreta se propuso aprobar el último año, el 100% naufragó, ya sea por medidas judiciales o por las objeciones de los propios socios del PRO en la coalición gobernante.

Tan comunes son las excepciones a la normativa sobre emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad que el eufemismo que se utiliza para denominarlas (“convenios urbanísticos”) es ya equivalente a la de proyectos inmobiliarios. La expresión alude a los acuerdos entre el sector público y el privado que, en el caso del gobierno porteño, suele confirmar lazos muy estrechos ya existentes entre la administración de Rodríguez Larreta (y, antes, de Mauricio Macri) y grupos como IRSA, que, según informaba oportunamente diario Hoy, suele beneficiarse con el otorgamiento de tales convenios.

A lo largo de 2022, las iniciativas aprobadas por el gobierno larretista no prosperaron, ya sea por decisiones judiciales adversas o por los cuestionamientos internos surgidos de la Unión Cí­vica Radical (UCR) o la Coalición Cívica (CC), que integran el frente Juntos por el Cambio (JxC). Por supuesto, el Frente de Todos (FdT) viene oponiéndose férreamente a muchos de estos convenios, pero, al ser minoría en la Ciudad, a Rodríguez Larreta no le preocupa, por el momento, esa oposición; sí, en cambio, la interna, que le impide ejecutar esos proyectos.

Los legisladores de los partidos aliados al PRO se muestran recelosos, en efecto, a validar iniciativas a través de excepciones, argumentando que incentivan el lobby privado en lugar de los canales institucionales. Por eso, ninguna de las más de 100 propuestas elevadas por desarrolladores inmobiliarios el año pasado llegó a buen término, a pesar de que el gobierno de Rodríguez Larreta dio el visto bueno a más de 30.

Una de las iniciativas frenadas por la Justicia el año pasado es el proyecto para edificar nuevas torres en el predio Parque General Belgrano, conocido como barrio River. Un juzgado hizo lugar a una acción de amparo colectiva que pedía declarar la “inconstitucionalidad y nulidad de la actual regulación urbanística”, retrotraer la normativa al punto anterior a la última modificación y suspender la entrega de permisos de obra para todos los proyectos.

El punto referente a la normativa hace mención al reemplazo del viejo Código de Planeamiento Urbano por el nuevo Código Urbanístico, que produjo un “aumento indiscriminado de la capacidad constructiva cuyo único fin es recaudatorio y estimular el marcado inmobiliario”, según argumentaron los autores del recurso judicial.

El nuevo Código, señalaron, “fomenta la demolición de numerosas casonas con increíbles parques, con el objeto de promover construcciones rentables en un barrio que aún conserva identidad y tranquilidad”.