Los tribunales deciden si frenan la asunción en comisión de los jueces de la Corte Suprema

Los tribunales deberán decidir si convalidan la jugada de Javier Milei de nombrar dos jueces en comisión en la Corte Suprema saltándose el acuerdo del Senado. Hubo, al menos, dos presentaciones en la justicia federal de La Plata contra el decreto 137/2025 que designó a Manuel García Mansilla y a Ariel Lijo como integrantes del máximo tribunal. Está previsto que este jueves se reúnan los cortesanos, donde el tema dirimente será si les toman juramento antes del sábado, ya que el Presidente quiere al quinteto sentado frente a él cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó el primer pedido para dictar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137. Pidió, además, que se frene la toma de juramento y que se suspendan los efectos de la decisión impugnada. Esto quiere decir que se impida que Lijo y García Mansilla se sumen a la Corte Suprema sin conseguir el aval de los dos tercios de la Cámara alta.

“El peligro de afectar el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema y con ello el sistema democrático y republicano de gobierno con la designación en comisión de dos magistrados en el cimero tribunal dan el basamento legal que torna las circunstancias expuestas de carácter grave e impostergable, ameritando el dictado de una medida interina que suspenda los efectos del decreto 137/2015”, dice el escrito que presentaron Mariano y Emanuel Lovelli.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal 4 de La Plata, que está a cargo del juez Alberto Recondo. Sin embargo, la causa no debería quedar en sus manos, ya que los representantes del CEPIS lo recusaron sin causa. El expediente debería llegar en las próximas horas al Juzgado Federal 2 de La Plata, que también tiene competencia civil y comercial. Ese juzgado está siendo subrogado por Alejo Ramos Padilla.

En el Juzgado Federal 2 de La Plata quedó radicado el amparo que presentaron Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) y María Eva Koutsovitis (La Ciudad Somos Quienes la habitamos).

“Este decreto viola los principios estructurantes de la organización política del país como son el principio de división de poderes, el principio republicano, el principio democrático, la garantía del debido proceso, el principio de independencia e imparcialidad del poder judicial, el principio de los actos propios y con su dictado se cometió abuso del derecho. Todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la Nación en el caso de que sea integrado por los dos jueces designados en comisión estarían viciadas de nulidad absoluta”, advirtieron en su presentación.

Todo indicaría que la decisión sobre ambos expedientes quedaría en manos de Ramos Padilla, que en 2015, cuando estaba al frente del juzgado federal de Dolores, frenó la designación en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que intentó Mauricio Macri. Después de esa resolución de Ramos Padilla, el líder del PRO desandó sus pasos e hizo que sus dos candidatos para el máximo tribunal se sometan al escrutinio del Senado.

“De continuarse con este irregular procedimiento se estaría afectando conforme a la doctrina de la Corte Suprema, la división de poderes, el sistema republicano, los equilibrios necesarios que establece nuestra Constitución Nacional, la imparcialidad e independencia de los jueces y se consolidaría un sistema en el que primarían los posibles favoritismos presidenciales sin ninguna clase de control u objeción posible”, había escrito entonces Ramos Padilla.

En ese fallo del 21 de diciembre de 2015, el juez había desechado un argumento que ahora vuelve con Milei: que la Corte Suprema no puede funcionar con tres jueces. En ese momento, Ramos Padilla había explicado que existían mecanismos para convocar conjueces en caso de que los miembros del tribunal no llegasen a un acuerdo o estuviesen excusados de intervenir.

Este jueves, a las 10, deberían verse las caras Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En la Corte, dicen, que hay pedidos informales para que les tomen juramento a García Mansilla y Lijo antes del sábado porque Milei los quiere en la asamblea legislativa –posiblemente para mostrar que les torció el brazo a los senadores que no prestaron acuerdo para su nombramiento.

En el Palacio de Talcahuano, las posiciones están divididas. Lorenzetti promueve la llegada de Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py, mientras que sus colegas la resisten. Desde la presidencia de la Corte habían dejado trascender de que no le tomarían juramento a Lijo si no renunciaba como titular del Juzgado Federal 4.

Lijo no está dispuesto a dimitir. La designación en comisión que hizo Milei solo se extiende hasta noviembre. Lijo tiene 56 años. Por ende, le quedan 19 por delante para seguir al frente de su juzgado. Este martes, se reunió la Cámara Federal e hizo lugar a un pedido de licencia de Lijo con las firmas de todos sus integrantes, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Martín Irurzun y Roberto Boico. La Cámara se lo comunicó al Consejo de la Magistratura y remitió lo actuado a la Corte.

La Corte podría freezar el tema de la asunción hasta la semana próxima, según publicó La Nación. Sin embargo, es posible que antes se resuelvan las cautelares que se plantearon.

Hay quienes vaticinan que el tema podría tener una deriva penal. “El problema que crea es tremendo”, dijo el exsupremo Raúl Zaffaroni en diálogo con la AM750 sobre el decreto 137. “Los jueces de la Corte van a firmar con personas que no están nombradas constitucionalmente. Para los que no están nombrados es usurpación de funciones”, advirtió.

En una línea similar se pronunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). “Lijo y García Mansilla, de aceptar esas designaciones, se convertirán en cómplices de un ilícito que violenta el artículo 99 de la ley suprema de la Nación, que prescribe expresamente en su inciso 4 que el Presidente nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública, convocada al efecto”.

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil se expresaron en contra de la designación en comisión de los jueces. “Constituye un avance indebido del Presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”, señalaron Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entre otros. Y concluyeron: “Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”.