LOS INFLITRADOS DE SIEMPRE
Manifestaciones, represión y la sombra de los infiltrados que nadie investiga
El operativo policial durante la protesta de los jubilados dejó un saldo de violencia, denuncias cruzadas y la presencia de grupos organizados que nunca son detenidos. La justicia investiga la supuesta participación de barrabravas mientras surgen dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la presencia de infiltrados.
El trasfondo de la represión y los actores en las sombras
Los disturbios ocurridos el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados, continúan generando polémica. Mientras desde el gobierno aseguran que barrabravas organizados protagonizaron los incidentes, la justicia federal solicitó pruebas concretas para respaldar estas afirmaciones.
Al mismo tiempo, imágenes registradas durante los enfrentamientos ponen en duda la actuación de las fuerzas de seguridad y la posible presencia de infiltrados que, a pesar de generar desmanes, nunca son detenidos.
El fiscal Franco Picardi inició una investigación a partir de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
El director de Normativa y Enlace Judicial del ministerio, Fernando Soto, había afirmado en redes sociales que la protesta fue infiltrada por barrabravas movilizados en colectivos, aunque las imágenes utilizadas para sostener la acusación resultaron ser de otro evento deportivo ocurrido en 2022.
A pesar de la falta de pruebas concretas, Bullrich insistió en su postura, exponiendo públicamente a supuestos agitadores. Entre ellos, señaló a un hincha de Nueva Chicago, Gastón Ruiz, quien negó cualquier participación y aseguró que el día de los incidentes se encontraba trabajando. Una situación similar vivió Leandro Capriotti, vinculado por la ministra a un sector sindical, pero quien tampoco estaba presente en la manifestación.
El rol de los infiltrados: sospechas y omisiones
Mientras el gobierno mantiene su discurso sobre la presencia de barrabravas, en redes sociales y medios alternativos se viralizaron imágenes de individuos encapuchados y organizados provocando destrozos con una impunidad llamativa. En uno de los registros, se observa a un hombre vestido prolijamente rociando un contenedor con un líquido inflamable y prendiéndolo fuego, para luego alejarse sin ningún tipo de resistencia. A pocos metros, agentes de seguridad permanecían inmóviles.
Otro de los hechos que despertó suspicacias fue la destrucción de un automóvil en plena vía pública. Las cámaras captaron el momento en que un grupo de encapuchados atacaba el vehículo sin que intervinieran las fuerzas policiales. Minutos después, apareció la propietaria del auto, quien lejos de mostrarse alterada, reaccionó con una calma llamativa.
Estos episodios no son nuevos. En junio de 2024, durante el debate de la “Ley Bases”, ocurrió una situación similar cuando un móvil de radio fue incendiado frente a la mirada inactiva de las fuerzas de seguridad. Los responsables del ataque, que quedaron registrados en video, nunca fueron identificados ni detenidos.
¿Quién genera los disturbios y por qué no son detenidos?
El uso de grupos violentos en las manifestaciones no es una novedad en la política argentina. La presencia de individuos que parecen actuar con absoluta impunidad, sin ser detenidos ni investigados, pone en cuestión la verdadera naturaleza de estos incidentes y quiénes están detrás de ellos.
Mientras tanto, la ministra Bullrich anunció que impulsará una nueva ley para declarar a las barras bravas como asociaciones ilícitas y endurecer las penas contra quienes participen en disturbios. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y los antecedentes de infiltraciones generan dudas sobre el verdadero objetivo de estas medidas.
En medio del cruce de acusaciones, lo cierto es que la violencia sigue siendo utilizada como una herramienta política. La pregunta que persiste es: ¿quiénes se benefician realmente de estos hechos?