Marcelo Balcedo, primero en la lista de espiados

Hoy más nunca resuena el dicho: “La mentira tiene patas cortas”. En el marco de la megacausa que investiga el espionaje a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py 2002 (CFP 3286/2023 caratulada “NN s/ averiguación de delito”) y que involucra a un exsargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta, aparece, como primer nombre víctima de una operación de espionaje ilegal, el director del diario Hoy, Ing. Marcelo Balcedo.

¿Qué significa esto? Nada más y nada menos que aquello que viene pregonando desde hace años el ex­titular de Soeme: que fue espiado desde el año 2014 y también calumniado con la llegada del gobierno de María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires.

La investigación

El fiscal Gerardo Pollicita asegura, en los documentos presentados, que “los elementos probatorios recabados, a partir del registro informático de los correos electrónicos utilizados por el nombrado bajo nombres supuestos, exhiben que, por el contrario a lo informado por los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, Ariel Zanchetta prestaba tareas —cuanto menos en forma inorgánica— para agentes de la, por entonces, Secretaría de Inteligencia de la Nación”.

En concreto, fueron hallados decenas de correos electrónicos de los años 2009 a 2015 entre el encausado y quienes en ese entonces serían agentes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Nación. En dichos correos se re­quería la realización de distintas tareas de investigación, como informes, consultas de vehículos, antecedentes penales, líneas telefónicas, cruces migratorios, entre otras.

Ello permite afirmar que, más allá de que los organismos pú­blicos oficiados no reconocieron a Zachetta como agente de inteligencia, los elementos probatorios demuestran que aquél, en forma previa a los hechos que conforman el objeto de la presente pesquisa, cumplió funciones como “agente inorgánico” o “colaborador” al menos entre los años 2009 y 2015 de la Secretaría de Inteligencia de la Nación.

Los elementos digitales incautados en poder del exagente evidencian que “por su cuenta o por orden o disposición de terceros, obtuvo y reunió información de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la cuales luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia”. “Todo ello le permitió reunir y almacenar información sobre miles de personas, en una actividad de recopilación de datos personales —incluyendo domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria— que, conforme se ha acreditado en esta investigación hasta el momento, solo para el período 2016-2023, implicó la realización de al menos, más de doce mil consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales”, afirma.

En efecto, de las evidencias informáticas analizadas se desprende que Zanchetta no habría desplegado su actividad en soledad, sino que, como anticipamos, contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los “objetivos”, “reportaba” parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido” de otros, por lo que el Ministerio Público Fiscal continúa analizando los elementos probatorios con el fin de identificar otros posibles involucrados en las operaciones de espionaje ilegal.

De hecho, un dato que prendió alertas en tribunales: entre sus contactos, figuraba el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

La Justicia todavía no determinó con certeza las motivaciones que tenía. Sin embargo, el fiscal Pollicita pone en el centro de la escena a Fabián “Conu” Rodríguez, uno de los directivos de la AFIP, que —según diálogos encontrados en los teléfonos de Zanchetta— le hacía “encargos” y le pagaba con pauta oficial que concedía el Ministerio de Comunicación Pública de dicha provincia, organismo en el que este último se desempeñó en carácter de Subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022.

Con nombres propios

Los blancos “políticos” identificados en el dictamen incluyen, por ejemplo, al propio Presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, y al diputado y también candidato a presidente Javier Milei. En la lista, se ubicaron también otros postulantes al sillón de Rivadavia que quedaron en el camino como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Además, aparecen los gobernadores Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich y Gustavo Valdés. Y los exgobernadores Antonio Bonfatti y Juan Manuel Urtubey. También figuran Sergio Berni, Andrés Larroque, Scarabino, Chacho Álvarez, Facundo Moyano, Graciela Caamaño, Cristina Álvarez Rodríguez, Monseñor Aguer, Mauricio Macri, Héctor Magnetto, Gustavo Posse, Joaquín Morales Solá, Alfredo Coto, Hugo Curto, J. Manuel de la Sota, Fernando Espinoza, María del Carmen Falbo, Daniel Hadad.

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Zanchetta dijo que era periodista, aunque no aparecían notas firmadas a su nombre. Explicó que usaba seudónimos o que pasaba la información a responsables de medios. Sobre la avidez por los datos de los jueces, se justificó diciendo que era para una nota sobre sus declaraciones juradas. Ni el fiscal Pollicita ni el juez Martínez De Giorgi ni la Cámara Federal le creyeron y decidieron dejarlo preso. La orden es saber qué se movió detrás de esto.

La AFIP vinculada al espionaje

El fiscal Gerardo Pollicita hace hincapié, como ya mencionamos, en la figura de “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP y “un solicitante” de trabajos de espionaje para Zanchetta.

Por ello, no es menor señalar que fue justamente Pollicita quien en el año 2016 pidió impulsar una investigación al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por supuesto abuso de autoridad en relación con procedimientos hechos por el organismo que presidió en el diario Hoy de La Plata.

Echegaray había sido imputado entonces por supuesto abuso de autoridad a raíz de la denuncia formulada por el fiscal federal Guillermo Marijuán luego de una investigación preliminar en la que consideró contar con elementos suficientes para pedir una investigación.

En la causa, se buscó investigar si hubo abuso de autoridad a raíz de inspecciones ordenadas a ese diario luego de la publicación de notas periodísticas críticas hacia la gestión de Echegaray en la AFIP en 2013.

Cabe recordar que, durante el año 2013-2014, el juez federal Ernesto Kreplack era subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Rodolfo Tailhade titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y Echegaray comandaba la AFI. Los tres con vínculos, contactos y sobre todo, una amistad que claramente les permitía avanzar en cualquier “cruzada” que tuvieran por delante por el simple hecho de acumular poder.

El ingeniero Balcedo había asegurado entonces que Echegaray se habría “valido de su cargo a fin de realizar acciones arbitrarias con el objeto de castigar en forma de represalia y persecuciones políticas a los titulares del diario”.

Según la causa, la AFIP había realizado inspecciones al diario a partir del 15 de octubre de 2013 y, luego, formuló una denuncia penal por supuesta evasión, todo tras la publicación de las notas con contenido crítico.

Echegaray ya fue procesado en una causa por falso testimonio y, además, el juez federal Julián Ercolini tiene pendiente decidir si lo cita a declaración indagatoria a pedido del fiscal Gerardo Pollicita en una causa por evasión fiscal por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, a quien la AFIP no habría reclamado el pago.

El entramado político del caso Balcedo

En el año 2016, con la detención de Omar “Caballo” Suárez, la gestión vidalista comenzó con su ahora famoso plan sistemático de detener sindicalistas y desplazarlos de sus gremios. Durante el gobierno de Macri, se intervinieron 23 sindicatos. El mismo Marcelo Balcedo fue testigo de cómo esto era organizado en una reunión que mantuvo con Villegas para discutir paritarias en la sede del Soeme, donde el exministro confesó que querían detener al “Pata” Medina armándole una causa trucha, por orden directa del entonces presidente Mauricio Macri. Esa conversación fue grabada y aportada a la Justicia hace más de dos años. La causa cayó en manos del fiscal Stornelli y hasta el día de hoy se mantiene cajoneada.

Para ir contra Balcedo primero debían tener una causa contra él, pero no había denuncias ni procesos penales abiertos. Solo existía una causa por un conflicto gremial en la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Entonces recurrieron a una vieja denuncia de la AFIP contra el Soeme en la que se pedía al gremio documentación para establecer si correspondía al mismo el pago o no del impuesto a las Ganancias.

En el transcurso del expediente, la AFIP concluyó que “no había interés fiscal” por parte del organismo y que los libros “cumplían con las exigencias legales”. La causa quedó en el olvido.

No obstante, ese expediente fue visto como una oportunidad para la Gestapo: había una causa federal, solo debían redirigirla hacia el secretario general del Soeme, Marcelo Balcedo.

Gestapo antisindical en su esplendor

Para mediados de 2017, la Gestapo antisindical estaba en pleno funcionamiento. En el diario Página 12 del 13 de enero de 2022, Raúl Kollmann, en un artículo que explica cómo fue grabada la reunión entre funcionarios, empresarios y agentes de la AFI, indica: “Lo único que explicaría semejante despliegue para convocar y grabar esa reunión es que la política de espionaje, armar causas y meter presos a opositores era considerada tan decisiva por Macri que rompe con cualquier lógica y antecedente. Eso permitiría entender que un funcionario menor, como el ministro de Trabajo bonaerense, haya estado, junto con Arribas, en el despacho de Macri en Casa Rosada un tiempo antes del encuentro en el Bapro. Seguramente no trataron solo el caso de Juan Pablo Medina, sino también el de los Moyano, Marcelo Balcedo y Roberto Baradel”.