Marcharon para denunciar presiones del gobernador Morales a la Justicia jujeña

"Queremos que nos reciba Martín Soria. El Estado argentino tiene que ser claro, en un comunicado público, de que va a cumplir con la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo tanto tiene que intimar al gobernador Morales que no viole la Constitución argentina”, afirmó Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador de la Túpac Amaru y del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala.

La movilización de apoyo a Milagro Sala se desarrolla con una concentración previa a partir de las 14 en las inmediaciones del Obelisco para marchar hacia la sede de la cartera de Justicia, ubicada en Sarmiento 329, en el microcentro porteño.

En ese marco, y en un comunicado de prensa, los integrantes del mencionado Frente anunciaron la convocatoria bajo el lema: “Basta de revancha contra Milagro Sala. Nos concentramos a las 14 en el Obelisco”.

En cuanto a los motivos de la protesta, advirtieron que “Gerardo Morales le ha dado la orden al fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel”.

Y añadieron: “Seis años y medio lleva. Su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional”.

Finalmente, remarcaron que “en Jujuy no hay Estado de Derecho, no hay Justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de Morales. Hay que dejar de sacarse fotos con él y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Túpac Amaru en nuestra Patria”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que “adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía “sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”.

Poco después de esa medida provisional, el 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las autoridades judiciales intervinientes en la detención de Sala debían cumplir “con urgencia” los requerimientos dispuestos por la Corte IDH.