Marchi no se presentó a declarar en el debate de Juicio Político

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió pedir a la justicia la comparecencia "por la fuerza pública" del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) Aldo Tonón, al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema.

La reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard (FdT), se inició a las 15.20 con el fin de tomar declaración a una nueva tanda de testigos convocados con el foco puesto en las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.

Si bien para la reunión de este miércoles había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.

Nuevamente, como sucedió en la última reunión, se ausentaron Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco concurrió el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social.

Al iniciarse la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonon sea obligado a comparecer "por la fuerza pública".

El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.

Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, afiliada a la obra social.

La de este miércoles es la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.

En la última reunión, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una "sanción encubierta" y "amenazas" contra funcionarios de los Tribunales.