Massa pasó a planta permanente del Estado Nacional a 799 contratados

En los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concurso para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales. Los que no trabajan en el Estado se encuentran impedidos de participar. Todo es cerrado al punto que nadie que se haya capacitado en los últimos 5 años y que no haya tenido cargos públicos puede participar.

“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público que surge de las Decisiones Administrativas 449 y 1086, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la Resolución 355/2023 que se publicó en el Boletín Oficial.

El proceso de “regularización”, como lo llaman en la Jefatura de Gabinete, no es más que una negociación que empezó en 2008 mediante un convenio colectivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cuando el 5 de septiembre de 2008, la entonces presidenta, Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologaron el convenio colectivo mediante el que se reguló el empleo público. Luego, con las paritarias de 2020 y 2022, el Estado asumió el compromiso de los concursos.

La contratación en masa de Massa tiene varios ribetes. Como se dice en los considerandos, la medida no aumenta “la dotación de empleadas y empleados públicos ni tampoco incrementa los costos para la Administración Pública Nacional”. Sucede que lo se intenta es pasar contratados a planta permanente, es decir, premiar a los que ya ingresaron al Estado sin examen u oposición que serían los referidos a la política, que jamás presentaron antecedentes para cubrir vacantes y pasarán ahora de un esquema relativamente precario a la estabilidad laboral más pétrea que tiene el sistema laboral argentino.

Las consecuencias del pase a planta permanente no parecen ser solo presupuestarias sino que también son operativas. De hecho, le quita margen de acción al próximo Gobierno. Sucede que los empleados que mayoritariamente acceden a contratos públicos provienen de los vecindarios cercanos a los intereses políticos de los funcionarios. “El carguito”, un aspiracional de gran parte de la militancia, no necesita antecedentes académicos o profesionales sino más bien cercanía con el poder de turno. La forma en que se concede ese ingreso al club del empleo público es mediante contratos.

Esos contratos, con el tiempo, empiezan a rodar en un carretel eterno de vencimientos y renovaciones. Sin embargo, cualquiera podría interrumpir ese andar constante y empezar a ordenar el plantel técnico o, por caso, hacerlos competir por antecedentes con postulantes externos. Sin embargo, “el pase a planta”, otro aspiracional que le sigue “al carguito”, impide esa posibilidad. “Que resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión realizada en capacitación de personal logrando así la participación de las plantas de personal que participen del llamado a concurso desde esta primera instancia”, dice la resolución que se publicó hoy.