Milei busca apuntalar su giro sobre Malvinas: los principales puntos del proyecto que envió al Congreso

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto con el que intenta demostrar su interés por la causa Malvinas y que fue adelantado durante un mensaje por cadena nacional en el que Javier Milei revirtió su postura sobre ese tema, anunció como novedosas iniciativas que ya estaban vigentes y medidas que nunca cumplió desde su asunción.

El proyecto disfrazado con el grandilocuente nombre de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina, algo que ya corría desde hace más de una década.

El colmo de la exageración es que su envío fue anunciado a través de un comunicado oficial que dice que ese proyecto “constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas”, cuando en rigor ninguna de las medidas que contiene apunta al restablecimiento de las conversaciones por la soberanía.

Como sea, uno de los principales cambios propuestos consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.

El proyecto tiene 133 artículos y tres ejes centrales: reforzar el reclamo argentino sobre Malvinas mediante sanciones, crear un sistema integral de seguridad nacional, y limitar las “influencias y amenazas extranjeras”.

Los puntos centrales del proyecto

* Defensa de recursos naturales en el archipiélago: las actividades de explotación en la Plataforma Continental Argentina no podrán realizarse sin autorización de una autoridad argentina. La prohibición rige para quienes exploten esos recursos y para sus socios o accionistas.

* Sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan las prohibiciones: se establecen multas de entre 4 mil y 500 mil barriles de petróleo, la suspensión de las operaciones y la inhabilitación para desarrollar actividades económicas en Argentina durante 5 a 20 años.

Para controlar esto, se crea un registro público de sancionados, y las empresas con actividad en Argentina quedarían impedidas de contratar con quienes figuren allí.

*Se endurecen las penas por esas actividades: 5 a 7 años de prisión para quienes proporcionen bienes o servicios a esas compañías; 12 a 15 años por exploración de hidrocarburos; 12 a 20 años por exploración o explotación de recursos naturales no renovables; y 15 a 20 años por transporte o almacenamiento de hidrocarburos.

Además, se creará un régimen para las empresas o personas que dejen de apoyar la explotación en el archipiélago. Deberán demostrar que cesaron la actividad, comprometerse a no reincidir, y pagar una multa o reconvertir sus inversiones hacia el territorio argentino. Si lo hacen, se les suspenderán las denuncias penales.

*Creación del sistema de seguridad nacional: uno de los puntos más cuestionables es la creación de un consejo encargado de elaborar una política de seguridad marco para las relaciones internacionales de inteligencia.

A la vez, establece nuevas reglas para la vigilancia y protección de los espacios marítimos argentinos, establece un sistema de identificación aeroespacial para detectar vuelos irregulares y crea un dispositivo de protección de Infraestructuras Críticas.

*Facultades para actuar ante amenazas graves e inminentes: el Consejo de Seguridad podrá restringir operaciones cambiarias y financieras; limitar importaciones o exportaciones; suspender permisos, concesiones o contratos; y restringir el acceso a créditos o subsidios estatales.

También inmovilizar o bloquear fondos y activos; y aumentar derechos de importación o exportación sobre el Estado extranjero involucrado, aunque en ningún momento menciona si Gran Bretaña es el destinatario principal de esas supuestas sanciones.

*Se modifica la Ley de Defensa Nacional y rol de las Fuerzas Armadas. La defensa pasaría a contemplar riesgos y amenazas externas a partir de operaciones convencionales y no convencionales, pero sin que apunten a la guerra y estén alineadas con el mantenimiento de la paz.

No obstante, establece procedimientos para responder ante actividades hostiles. En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.

El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.

*Restricciones a la influencia extranjera en la política. Este raro artículo le pone un presunto límite a las personas o empresas que financien, organicen, dirijan o ejecuten campañas o propaganda electoral a partidos políticos argentinos. Si lo hacen, deberán pagar multas equivalente a diez veces el financiamiento detectado.

También modifican los delitos vinculados con la entrega de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. Puntualmente a la colaboración con operaciones extranjeras destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

*Se crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Administrará información sobre actos de terrorismo, financiamiento financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

*Se modifica la Ley de Inteligencia (25.520). Dice que la política diseñada por la UIF deberá estar en consonancia con la Política de Seguridad Nacional y ser aprobada por el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la Nación.

Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.