Milei finalmente vetó la ley de movilidad a los jubilados

Luego de la sanción de la nueva movilidad jubilatoria, el Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el veto total del proyecto, por lo que el sector perderá, entre otros puntos, un incremento complementario al de abril pasado de 8,1% por la diferencia de la inflación. En simultáneo, el Ejecutivo oficializó el bono de $70.000 para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente.

El presidente Javier Milei selló con su rúbrica su rechazo a la legislación luego de la reunión que mantuvo con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con los miembros aliados de la Cámara baja.

El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley.

A su vez, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, sostienen.

El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.

Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula, por lo que la oposición deberá someterla nuevamente a votación y contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero será tratado en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.

Otro bono

En simultáneo con el veto a la ley que mejoraba sus ingresos, el Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados y pensionados por un monto máximo de $70.000, que será abonado en septiembre. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial.

Se otorgará a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo ANSES.

La normativa establece además que “para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, dispone el decreto.

De esta manera, la jubilación y pensión mínima sube de $ 225.454 de agosto a $ 234.539 este mes. Con el bono, el ingreso total pasa de $ 295.454 a $ 304.539. Un incremento de 3,07%. Así en los primeros 9 meses del año, las jubilaciones mínimas o por debajo del mínimo seguirán acumulando aumentos por debajo de la inflación.

Lo que se pierde

El reconocimiento de un incremento complementario al de abril pasado de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó por el mes de enero un 12,5% y la inflación de ese mes fue del 20,6%.

El haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto equivalente multiplicada por 1,09. La CBT de julio (último dato oficial) fue de $ 291.471,73, y multiplicada por 1,09 da un total de $ 317.704,19. Y en ese mes el haber mínimo fue de $ 215.581 más el bono de $ 70.000: $ 285.581.

Se contempla un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año, que consiste en un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del último año.

Impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme -unas 90.000- y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.

Se establece que la actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial sea mensual en lugar de trimestral.