Milei vetará la ley de financiamiento universitario que aprobó ayer el Congreso

Esta mañana, en conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había dicho que el tema estaba en análisis. Lejos de la prudencia de Adorni, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había adelantado esta madrugada en su cuenta de la red social X: “Se viene el veto”.

El Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, un punto sobre el que hacían alusión hoy en la sede del Gobierno.

“Se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o a no vetar. Está en discusión en todo el gabinete y la decisión, por supuesto, la va a tomar el Presidente”, respondió Adorni ante la consulta periodística.

La cautela del funcionario contrastó con lo que en reserva venían expresando funcionarios del Gobierno respecto de la convicción de que había que vetar el proyecto y con lo que publicó el propio Álvarez poco después de la votación parlamentaria.

En Balcarce 50 sostenían también que el tema universitario es, más allá de lo presupuestario eminentemente “político”. Apuntaban a que el tema “ya se había hablado y había acuerdo con los rectores y esto (por la ley) modifica eso”.

En tanto que completaban sosteniendo también que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado. “Si quieren marchar, que vuelan a marchar”, dijo un funcionario libetario.

El veto, será el segundo en la era libertaria luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria.

En el caso del presupuesto universitario, todo indica que la decisión presidencial podría acarrear, efectivamente, un duro revés en las calles para la administración libertaria por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, a fines de abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.

La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención. Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.