Murió el paciente con COVID-19 al que un juez ordenó tratarlo con dióxido de cloro

Jorge García Rúa, quien presentaba un cuadro grave de COVID-19 que motivó que el hijo de su esposa, también fallecida a causa de la enfermedad, hiciera una presentación ante la Justicia Federal para solicitar que el hombre recibiera de manera urgente ese producto no autorizado por ninguna autoridad sanitaria.

El hijastro lo hizo siguiendo las indicaciones de un neurocirujano que era el médico personal de quien fuera la pareja de su madre, quien recomendó suministrarle la mencionada sustancia de manera intravenosa, en conjunto con ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.

A poco de haber comenzado la pandemia, el dióxido de cloro surgió como posible tratamiento para el coronavirus, pero la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertaron en reiteradas oportunidades sobre la peligrosidad de consumirlo.

No obstante, se presentó ante el Juez Federal Subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, quien hizo lugar al pedido de la familia al considerar que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”.

Ambos tratamientos fueron prescriptos el día 7 de enero de 2021 pero no fueron los profesionales del Sanatorio Otamendi los que cumplieron con este pedido, ya que las autoridades del lugar apelaron la decisión. En cambio, el propio Converti, que no pertenece al staff de ese centro de salud, se ocupó de suministrarle las dosis correspondientes a García Rúa.

La medida judicial generó el repudio de la comunidad médica porteña, al punto de que durante la mañana del domingo 10 de enero, se convocó a una movilización en contra de la orden del Pico Terrero en la puerta del sanatorio ubicado en la calle Azcuénaga 870, en el barrio porteño de Recoleta.

A través de un comunicado, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) manifestó su “total respaldo a los colegas del Sanatorio Otamendi en decidir en contra de la administración a un paciente de un producto (el dióxido de cloro) que no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizado como droga de tratamiento, ni de la nebulización con ibuprofeno, que tampoco, hasta la actualidad, tiene trabajos científicos que avalen su indicación en esta forma”.