"No seremos cómplices de la deserción del Gobierno nacional"

Los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Nicolás Kreplak junto a casi sesenta intendentes, llegaron al Ministerio de Economía de la Nación y presentaron formalmente un petitorio para la restitución de los recursos que necesita el territorio bonaerense para su normal funcionamiento. Esta acción conjunta busca obtener respuestas y soluciones a la quita de partidas presupuestarias por parte del gabinete del presidente de la Nación, Javier Milei, que según afirmó el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa “es ilegal y contraviene acuerdos previos”.

“Hemos presentado este reclamo, no sólo en nombre de todos los que estamos acá, sino en el de los 135 intendentes de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, de los 17 millones de bonaerenses, que son las víctimas de estos recortes despiadados absolutamente ilegales que hizo Milei”, sostuvo en el comienzo de una concurrida conferencia de prensa, en la Casa de la Provincia.

El foco central de la delegación que concurrió fue la entrega de un petitorio dirigido a Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, luego de que en múltiples ocasiones se le haya solicitado reuniones formales para discutir la situación de la provincia de Buenos Aires. “Todas ellas sin recibir respuestas y ni siquiera una posible cita”, aseguró Kicillof.

La imposibilidad de tener comunicación directa con el ministro de Economía fue interpretada por el gobierno bonaerense como una falta de voluntad para abordar la problemática de manera seria y responsable. “El reclamo principal es la restitución de recursos que fueron cancelados de manera unilateral y arbitraria por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Milei. Estos recursos estaban comprometidos a través de normativas, acuerdos legales y otros dispositivos que, a pesar del cambio de presidente, siguen teniendo validez jurídica”, precisó el gobernador.

La deuda total a la que hace referencia Kicillof asciende a cerca de 6 billones de pesos y comprende transferencias de ANSES a la caja provincial, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, de Incentivo Docente (FONID) y de Compensación del Transporte Público de Pasajeros. Además, incluye saldos de obras de infraestructura comprometidas; retrasos o discontinuidad de programas como FINES, Conectar Igualdad y Potenciar Trabajo; y otras deudas vinculadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA).

Esta deuda de doce ceros que tendría el gobierno de Milei con la provincia de Buenos Aires, se puede desglosar en cuatro aspectos clave que fueron precisados la semana pasada por la gobernación, y que según informó Kicillof estarían detallados dentro del petitorio entregado este martes a Caputo.

Primero, las obligaciones financieras directas del Estado nacional hacia la Provincia ascienden a 1,2 billones de pesos. En segundo lugar, se encuentran los pagos pendientes por obras públicas prometidas por el Gobierno nacional en territorio bonaerense, que superan los 4,4 billones de pesos. El tercer punto es la deuda estimada debido a la interrupción o retrasos en programas nacionales, lo que genera un déficit de 26,7 mil millones de pesos, según el informe. Por último, en la categoría de "otros reclamos", por los que Milei y su equipo deben 73,5 mil millones de pesos al gobierno bonaerense.

La entrega del petitorio marca una nueva instancia en la disputa entre el gobierno provincial y el nacional por sus diferencias insalvables con respecto a las formas de gestionar el país, conflicto que ya fue judicializado ante la Corte Suprema de Justicia, según indicó el gobernador. En ese orden, desde la cartera bonaerense confirmaron que continuaran buscando todos los caminos posibles para asegurar que se respeten los acuerdos y se restauren los fondos necesarios para el bienestar de la provincia.

Movilización y repudio de la Ley Bases

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Kicillof también expresó su rotunda oposición a la Ley de Bases, también conocida como la "ley ómnibus", que se debatirá este miércoles y convocó a marchar frente al Congreso de la Nación.

“Mañana se discute en el Senado la Ley Bases, que como hemos dicho desde un principio no tiene un solo artículo que beneficie a nuestro pueblo y encima pretende darle superpoderes a este Gobierno para profundizar sus políticas”, declaró. “Es por eso que la provincia de Buenos Aires en su conjunto convoca a la marcha que se va a realizar a partir de las 10 de la mañana en la plaza de los dos Congresos: necesitamos que pare esta locura porque están destruyendo todo”, reforzó.

Kicillof advirtió que la Ley Bases otorgaría "superpoderes" al Gobierno nacional, lo que considera peligroso dado los antecedentes y el presente del país bajo la gestión de Javier Milei. En ese contexto, argumentó que la ley, incluso en su versión "reducida y edulcorada", no contiene ningún beneficio para el pueblo de la Provincia. Además, criticó duramente varios aspectos de la ley, desde el régimen jubilatorio hasta la reducción de derechos laborales.

Uno de los puntos de la ley que más controversia generó en las últimas semanas fue el cambio que propone en el régimen jubilatorio, que según Kicillof perjudicaría a "nueve de cada diez mujeres" en la Provincia al retrasar la edad de jubilación en cinco años y reducir sus beneficios en un 20 por ciento. "Esto les roba cinco años a todas las mujeres bonaerenses de su jubilación", afirmó.

El gobernador también criticó la ley por “destruir derechos laborales sin modernizar realmente la legislación”. De acuerdo a lo mencionado por Kicillof, la propuesta permite "empleo negro e informal" y prácticamente elimina las multas para quienes incumplen las leyes laborales. "No tiene nada que ver con una discusión profunda de las innovaciones en el ámbito del trabajo", sostuvo.

Con respecto a la política fiscal, Kicillof denunció que la ley reduce el impuesto a la riqueza para 125 mil contribuyentes mientras aumenta el impuesto a las ganancias para entre 800 mil y un millón de trabajadores. "Le saca impuestos a los ricos y se lo pone a los trabajadores argentinos", sentenció.

En sintonía con lo que fue explicando, el gobernador también criticó el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), asegurando que "rifa y dilapida el patrimonio nacional" al favorecer desproporcionadamente a los inversores extranjeros sobre la producción nacional, que como un efecto péndulo sacudiría a las pymes. "Va a destruir empleo en sectores que hoy están en curso", advirtió, citando específicamente a la industria petrolera y minera.

Kicillof completó su rechazo a la Ley Bases refiriéndose a los planes de privatización que afectarían a empresas como correos, trenes y servicios esenciales, algunas de las cuales ya fueron privatizadas anteriormente con resultados desastrosos como habría ocurrido con AySA, según el gobernador. "Estas privatizaciones desembocaban en vaciamiento y liquidación, finalmente requiriendo la recuperación por el Estado Nacional", recordó.

Seis meses sombríos

En una conferencia que duró más de una hora, Kicillof apuntó al plan económico de Milei en su primera etapa de mandato y dijo que, a pesar de las promesas en campaña, todo terminó “en un ajuste que afecta directamente al pueblo”. Según el gobernador, Milei prometió no subir impuestos, pero en los hechos no cumplió.

"Después de seis meses de gestión, es claro que las políticas de ajuste están teniendo un impacto calamitoso en la provincia. Prometieron que el ajuste recaería sobre la casta política, pero la realidad es que lo está pagando el pueblo de Buenos Aires, la industria, y los trabajadores", comentó e insistió: “Se ha subido el impuesto país, se pretendió subir las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se va a volver a cobrar impuesto a la ganancia de cuarta categoría a los trabajadores".

Además, Kicillof destacó que estos incrementos no son coparticipados, lo que significa que los recursos se concentran en el Gobierno nacional, agravando el escenario financiero de las provincias. Esto, de acuerdo a lo expresado por el gobernador, es un “desprecio al federalismo”, obligando a las provincias a hacerse cargo de los problemas de salud, educación e infraestructura con cada vez menos recursos y más demanda de acción inmediata para paliar la situación.

La Provincia acciona por la obra pública

Otro punto clave y que viene siendo una constante en las denuncias de los ministros bonaerenses es la paralización de cerca de mil obras públicas en la provincia. El gobernador mencionó que dentro de ellas hay 16 mil viviendas, proyectos de saneamiento de basurales, construcción de cárceles, y mejoras en el sistema sanitario y laboratorios de investigación.

"El Gobierno Nacional tiene firmados contratos para la ejecución de obras en Buenos Aires, que no son opcionales, y su suspensión implica incumplimientos contractuales. Actualmente, hay obras de cloacas, agua, saneamiento, viviendas, rutas, hospitales y universidades completamente detenidas. La paralización de estas obras afecta directamente la calidad de vida de los bonaerenses y detiene el progreso de la Provincia", afirmó.

“Ahora vemos que, como sucedió en la década del 90, quieren transferir a las provincias responsabilidades y obras que han sido paralizadas, pero sin los recursos necesarios para reactivarlas y llevarlas a cabo”, argumentó el gobernador haciendo hincapié en que la suspensión de estos fondos afecta gravemente la capacidad de la provincia para operar y financiar sus actividades.

A su vez, Kicillof reveló que desde la cartera bonaerense pedirán el cambio de jurisdicción de para reactivar obras trascendentales para el desarrollo del territorio provincial, como lo son la Autopista Presidente Perón y el Canal Magdalena: dos proyectos fundamentales para la circulación, conexión de los bonaerenses y navegación comercial.

“Nosotros vamos a reclamar el traspaso de obras estratégicas, pero de ninguna manera seremos cómplices de la deserción del Gobierno nacional: este reclamo incluye también la terminación de todas las obras en los 135 municipios bonaerenses”.

Panorama desalentador

El gobernador de Buenos Aires describió un panorama desalentador para las provincias bajo el plan económico de Milei. Indicó que las decisiones de ajuste fiscal han resultado en una fuerte devaluación, una desregulación de sectores monopólicos y un aumento en los precios de bienes esenciales como los alimentos y productos de la canasta básica. "La desregulación ha retirado al Estado en algo que hacen todos los países desarrollados, que es regular, controlar a los monopolios y cuidar a los consumidores", dijo.

Kicillof también detalló que el ajuste fiscal se ha centrado principalmente en los jubilados, las tarifas de servicios públicos, la obra pública y las provincias, lo que representa el 75 por ciento de la reducción de los gastos del Gobierno Nacional. "Milei lo que está haciendo es quedarse con la plata de los jubilados”, reveló y completó: “Esto se ve en cada una de las deudas que empieza a tener el gobierno con diferentes sectores y la fabricación de un presupuesto superávit construido a fuerza de incumplir compromisos".

De todas formas, el gobernador aclaró que todo lo mencionado no se trataba de un discurso ideológico, sino de datos que reflejaban las consecuencias de las políticas liberales de ajuste del Gobierno nacional y que la Provincia de Buenos Aires, a pesar de ser una región productiva e industrial, se ve severamente perjudicada por esta forma de gobernar.

"Tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica, estos programas perjudican al país en su conjunto, perjudican su soberanía y su posicionamiento geopolítico, pero muy particularmente a una provincia productiva con tantas necesidades y deudas como la Provincia de Buenos Aires", concluyó.