Nuevo operativo de fuerzas federales en los terrenos ocupados de Villa Mascardi

Un nuevo capítulo se escribe en Villa Mascardi, en las afueras de San Carlos de Bariloche, con las tierras ocupadas desde hace varios meses por integrantes de la comunidad mapuche local Lof Lafken Winkul Mapu. La Justicia provincial ordenó otra vez peritajes para constatar quiénes están usurpando terrenos públicos y privados frente a la ruta nacional 40. Como hubo incidentes en los últimos operativos, con resistencia de encapuchados que no se querían identificar, se dispuso un impresionante despliegue de fuerzas federales de seguridad.

Desde muy temprano, el procedimiento salió desde Bariloche con una docena de móviles y camiones de la Policía Federal Argentina. Al frente está la fiscal Silvia Little y sus secretarios, para realizar el allanamiento e inspección en las tierras usurpadas. Esta medida se tomó ya que últimamente hubo incidentes protagonizados por estos grupos violentos, incluso con agresión a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y sus colaboradores, cuando estuvieron en la zona.

El panorama se complicó más tarde cuando en un corte de la ruta 40, los encapuchados identificaron en un auto al vecino Diego Frutos, uno de los líderes de la comisión de Vecinos de Villa Mascardi que lleva adelante los reclamos para recuperar los terrenos usurpados, y le dieron una paliza.

Pasadas las 8 de hoy, un grupo de avanzada de infantería de la Policía Federal Argentina entró a uno de los predios ocupados por los jóvenes mapuches. Comenzaron a tirarle piedras a los efectivos, se escucharon detonaciones y gritos hacia los uniformados: “¿Dale, pedazo de gato, vení!”.

Por otra parte, el Tribunal de Impugnación rechazó un planteo defensivo de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu contra la formulación de cargos y la orden de restituir el predio ocupado en Villa Mascardi al Obispado de San Isidro.

Los jueces Miguel Cardella, Rita Custet Llambí y Carlos Mussi, declararon inadmisible la queja presentada por el defensor Manuel Mansilla, en representación de los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido imputados por usurpación. En la misma disposición impugnada, se había ordenado restituir el predio ocupado en Villa Mascardi, al Obispado de San Isidro.

Los jueces recordaron que el juez de Garantías admitió el 22 de octubre pasado, la formulación de cargos y la solicitud de un desalojo y que luego esas decisiones fueron ratificadas por el juez de Revisión el día 6 de noviembre.

Analizando los planteos defensivos, los jueces del TI concluyeron que “no puede prosperar porque la inadmisibilidad resuelta por el juez del Foro de la Tercera Circunscripción Judicial es la solución que se ajusta a nuestros precedente en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva”.

No obstante, argumentaron que “aun en el caso de que no hubiere existido el doble conforme de los actos impugnados este Tribunal de Impugnación no sería competente”, pues según apuntaron: “El mismo magistrado es quien declara la inadmisibilidad del recurso, sin que la queja presentada reúna los requisitos de objetividad y subjetividad que exige el ritual o la manifiesta violación de garantías constitucionales y convencionales”.

Los magistrados, agregaron además que la defensa “no rebate la argumentación que denegó la impugnación presentada ni existe una cuestión definitiva que habilite la instancia ante este Tribunal”.

Betiana Colhuan, Yéssica Bonnefoi, Johana Colhuan, María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan, Gonzalo Coña, según la acusación, son los responsables de haber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales. Pese a ello, la formulación de cargos resuelta en octubre, prosperó únicamente contra María Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi, porque el resto de los nombrados no fueron debidamente notificados de la realización de la audiencia y no se presentaron a la misma.