Obra Social del Poder Judicial: otra investigación en torno a la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia es el blanco de todas las miradas por los manejos inconstitucionales que sostiene. Uno de los casos que resonó en los últimos días es el de la gestión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. La Ospjn depende administrativamente del máximo tribunal y fue señalada por tener una “mala gestión”, además de “malversación de fondos y falta de control e idoneidad para brindar el servicio de salud” al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país.

Las acusaciones que se investigan

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continúa con las audiencias para dilucidar las acusaciones que involucran a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Se busca comprobar si existieron irregularidades al no cubrir las vacancias en el directorio de la Obra Social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si, a consecuencia de la no designación de esas personas, se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma.

Además, se ha denunciado que en la Obra Social se autorizaban tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se les denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados. También se descubrieron numerosos juicios por mala praxis y faltantes de medicamentos. Según las acusaciones, había un total descontrol en materia informática, además del desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.

Los testimonios en las audiencias

Los escándalos salpicaron a la conducción de la Ospjn: Aldo Tonón renunció a su cargo como director de la prestadora. El hombre cercano a Maqueda -y señalado por escándalos que involucran licitaciones millonarias- decidió ausentarse ante la citación de la Comisión de Juicio Político, pidiendo que se lo eximiera de prestar declaración.

Los integrantes de la Comisión votaron a favor para reiterar el llamado, con la aclaración de que Tonón puede negarse a responder las preguntas que él entienda puedan llegar a perjudicarlo en su derecho. Sin embargo, hubo testimonios que aportaron datos vitales para la investigación. Durante la última audiencia celebrada el pasado martes, la médica legista y perita de la Corte, Cristina Interlandi, ratificó el informe de la auditoría realizada en la obra social desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, de la cual formó parte. Además, hizo hincapié en la compra y venta de medicamentos en manos de la Obra Social.

Por su parte, el contador Oscar Fernández, perito del máximo tribunal, reconoció que la Obra Social no contaba con un sistema contable y que eso implicaba “menos información de la que debería tener y menos integrada”.

“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la Obra Social, vimos que no contaba con uno”, apuntó Fernández.

Esta postura también fue expuesta por Melisa Solana, quien se desempeñó como subdirectora Administrativa y Contable de la Obra Social del Poder Judicial. “Yo no tenía oficina privada, con lo cual cada vez que recibía a los auditores externos lo hacíamos como podíamos; y la documentación que requería la auditoría era siempre dirigida al Directorio”, afirmó durante su declaración.

Por último, Laura Coulin y Liliana de Brito son trabajadoras judiciales afiliadas a la Obra Social que también participaron de la audiencia de la Comisión. En ambos casos se habló de “falta de respuestas y de reintegros de la Obra Social en tratamientos de discapacidad”.

El martes continuarán las declaraciones en el marco de este caso.

Las fake news que protegen a la Corte

No es noticia que la Corte Suprema también es cercana a los medios opositores como Clarín. Se vio reflejado en las numerosas evidencias que involucran a personal del máximo tribunal y los mismos directivos del grupo mediático.

En las últimas horas el diario Clarín publicó una nota periodística que afirmaba que “el kirchnerismo presionó a los testigos pero no logró que confirmaran irregularidades en la Obra Social de los judiciales”.

Ante esto, la diputada Vanesa Siley respondió: “Otra vez EL GRAN diario argentino miente. Vean los videos, observen preguntas y respuestas, el tono respetuoso de las mismas, estudiadas y analizadas. Y el tenor profesional de las respuestas”. Los videos de la audiencia demuestran que las declaraciones son objetivas y claras: el manejo en la Ospjn era irregular.

Es así como, con la complicidad de los medios opositores, la Corte intenta defender una trayectoria que se ve manchada por el mal funcionamiento, incumplimiento del deber constitucional, los vínculos políticos, la puesta en riesgo de la democracia y el perjuicio a la salud de miles de afiliados a la Obra Social que administró.