"lo vivimos en 2001"

Operación Roca: casi 2 mil militares llegan hoy a Tartagal

Organismos de derechos humanos y partidos de izquierda rechazaron la injerencia de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna. Advirtieron que "bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, se pretende profundizar la represión y el control social".

Cerca de 1.900 militares llegarán hoy a la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, en el marco de la Operación Julio Argentino Roca, lanzada por el Ministerio de Defensa de la Nación como parte de una ampliación del Plan Güemes, de refuerzo del control en la frontera norte.

El operativo fue anunciado a mediados de abril por el ministro de Defensa, Luis Petri, en el acto de ampliación del Plan Güemes, cuya aplicación, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Gustavo Sáenz, comenzó en diciembre del año pasado en el departamento Orán y ahora se extendió a los departamentos San Martín y Rivadavia. Desde su lanzamiento organismos de derechos humanos de la provincia vienen alertando sobre la utilización de cuestiones de seguridad para justificar medidas de represión y control social.

Ayer, representantes de organismos de derechos humanos y de partidos de izquierda convocaron a una conferencia de prensa para denunciar que, "bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, lo que se pretende es profundizar la represión y el control social en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo, como lo demuestra el hecho de que se habilita la militarización de cualquier 'objetivo de valor estratégico', lo que incluye protestas, manifestaciones y conflictos sociales en empresas o establecimientos públicos".

En este sentido recordaron que el gobierno de Javier Milei, "en acuerdo con Sáenz", autoriza a las fuerzas armadas, a través del decreto 1112/24, Sistema de defensa nacional, "a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. Esto ya lo vivimos en el 2001", afirmaron con la presencia en Tartagal y General Mosconi de la Gendarmería Nacional que reprimió y asesinó a cinco trabajadores del movimiento piquetero.

En el presente, "ya tuvimos dos ejemplos de la impunidad que le otorga Bullrich a las FF.AA, con el asesinato de 2 jóvenes trabajadores: Fernando Gómez, de Salta, e Ivo Torres, de Jujuy, a manos de la Gendarmería", agregaron. El trabajador de frontera Fernando Gómez fue asesinado el 18 de diciembre, en un operativo encuadrado en el Plan Güemes en Orán.

"La justificación es la lucha contra el narcotráfico y las redes de trata. Este propósito es una estafa al pueblo porque el nivel de entrelazamiento del narcotráfico con policías, jueces, gendarmes e intendentes es abrumador. Es el mismo estado que implementó un blanqueo que permitió a las redes de narcotráfico legalizar su dinero espurio", afirmaron los organismos y partidos como Rebelión Popular, PRML, el PTS y el Partido Obrero. En Salta, acusaron al gobierno provincial de estar "garantizando la impunidad a su funcionario Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, conocido por sus vínculos con sicarios y jefes de los carteles de Orán".

Las organizaciones que participaron de la conferencia de prensa precisaron que con la llegada de las fuerzas armadas a Tartagal, se sumarán más de 10.000 efectivos, entre miembros del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea; de los cuales 1.300 se quedarán en forma permanente en las áreas de intervención, afirmaron. Añadieron que el operativo prevé "el despliegue de efectivos militares en provincias como Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes".

Las operaciones se extienden ahora a Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza y el extremo noreste de la provincia, Santa Victoria Este y Misión La Paz, ya en el departamento Rivadavia, que también comparte frontera con Paraguay.

La decisión del gobierno nacional de involucrar a las fuerzas armadas en la seguridad en zonas de frontera viene siendo cuestionada por especialistas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), porque choca con las leyes de defensa nacional y de seguridad interior.

El gobierno provincial no brindó mayor información sobre la puesta en práctica de la Operación Roca. La semana pasada difundió un parte de prensa anunciando la llegada de los refuerzos militares a la zona de frontera de Tartagal y Salvador Mazza, pero fue eliminado rápidamente por pedido del ministro de Defensa nacional, que tampoco dió mayores precisiones, aunque hizo declaraciones en las que insistió en que la ley se seguridad interior no impide a las fuerzas armadas intervenir en cuestiones de seguridad interna.

“Nosotros creemos que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tienen que estar en frontera”. “Nosotros queremos ir contra los narcos, queremos ir contra el crimen organizado, queremos utilizar todo el peso y poder del estado para ir contra esa delincuencia internacional y para proteger a los argentinos”, aseguró Petri.

Los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda señalaron que "los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y, sin embargo, el narcotráfico y la trata no han cesado de crecer". Y denunciaron la ilegalidad del decreto presidencial 1112/24, Sistema de defensa nacional, porque "viola leyes taxativas como la ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior". "Con un decreto ilegal, se abre la puerta para la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la Argentina", denunciaron.

Como ocurrió en la ciudad de Orán y con el pueblo de Aguas Blancas, que también tiene frontera internacional, la llegada de más miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad obligó al gobierno provincial y a los municipios locales a realizar inversiones para brindarles alojamiento.

En el caso de Tartagal, el intendente Franco Hernández Berni, informó en declaraciones a Cadena 3 que se realizaron obras para recibir a los efectivos, entre ellas, se hicieron mejoras en el Regimiento de Infantería de Monte 28, que será el centro logístico del operativo. También se refaccionó el viejo hospital que ahora funcionará como centro de monitoreo y alojamiento para las tropas. El jefe comunal adelantó que el miembros del Ejército ya "detuvieron a personas en flagrancia".