Ordenaron investigar los teléfonos de Macri en la causa de persecución al Grupo Indalo

La jueza federal María Romilda Servini solicitó investigar los teléfonos de Mauricio Macri para analizar los entrecruzamientos de llamadas del expresidente con los miembros de la “mesa judicial M” entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, en el marco de la causa en la que se investiga la persecución del Grupo Indalo y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.
 
En el marco del expediente 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, la jueza dispuso que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.

Además, la titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1 pidió a la justicia de Lomas de Zamora, en donde se tramita la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo, la certificación de las pruebas sobre el espionaje ilegal en el Penal de Ezeiza cometido contra el accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa.

En el escrito, María Romilda Servini solicita que además del entrecruzamiento de llamadas se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señala la magistrada.

En tal sentido, afirma que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.

El entrecruzamiento de llamadas apunta a establecer la vinculación de los hechos denunciados por Fabián De Sousa, a partir de la simultaneidad de las llamadas con las situaciones y acciones de persecución sufridas por los accionistas del Grupo Indalo y sus empresas.

El expresidente Macri, sus funcionarios y los empresarios mencionados, estuvieron involucrados en los hechos de presión denunciados por De Sousa, y que también fueron ratificados en el juzgado por diferentes personas cercanas al Grupo Indalo, que relataron como los funcionarios del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.

Como relata la jueza en su solicitud, la denuncia de De Sousa sostiene la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

En la denuncia se señalan diferentes sucesos por los que se ejerció presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que participaron funcionarios públicos y hasta el mismísimo presidente Mauricio Macri.

El empresario y accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, denunció ante la justicia la persecución que sufrieron los accionistas y las empresas durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Vale la pena remarcar que el querellante indicó que desde el Gobierno les habían hecho llegar la advertencia que si no eran transferidas las titularidades de los paquetes accionarios a quienes ellos designaban, las empresas se liquidarían; y que, a partir de ello, en septiembre de 2017 se iniciaron gestiones con Orlando Terranova – quien decía recibir instrucciones de Mario Eugenio Quintana, José María Torello y Nicolás Martín Caputo - para avanzar en la venta”, explica Servini, y agrega que “con el proceso de venta en curso y de manera imprevista, a comienzos del mes de octubre de 2017, Terranova les informó que por decisión del Poder Ejecutivo Nacional darían marcha atrás con la operación2, y que un día después les enviaron nuevos interesados en la adquisición del Grupo: Damián Burgio, Ignacio Jorge Rosner y Santiago Dellatorre Balestra”.

Por otra parte, en la denuncia también consta que “en el caso de la empresa AEC S.A. – que tenía la concesión de la autopista Ricchieri -, López y de Sousa indicaron que a mediados de 2016 apareció ‘Grupo Alberdi S.A.’ con la intención de adquirirla, y que su representante Martin Rappallini, había sido referenciado por el entonces Director Nacional de Vialidad Javier Iguacel”.