Ordenaron la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa

La Sala I de la Cámara Federal ordenó excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en dos causas ligadas a los cuadernos de la corrupción.

El juez de primera instancia, Claudio Bonadio, deberá ahora fijar la fianza para que la decisión se haga efectiva.

Legalmente, López y De Sousa no recuperarán su libertad inmediatamente. Es que aún debe resolverse un pedido de exención de prisión en otra investigación que los tiene como imputados.

Después de aquella excarcelación del TOF 3, los abogados de López y De Sousa la tramitaron ante Bonadio que les dictó la prisión preventiva en al menos en dos expedientes conexos a la causa cuadernos. Pero el juez la rechazó.

Bonadio consideró que “existen otros aspectos que impiden otorgar la excarcelación”, al plantear que Cristóbal López “posee la capacidad de sustraerse y entorpecer el accionar de la justicia”.

Entonces, señaló que en el marco de la causa hay cerca de 200 imputados, quienes “durante más de 12 años llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal, integrando la misma el aquí evaluado en su carácter de empresario, innegablemente allegado a los funcionarios públicos”.

Entonces, el magistrado se refirió a las confesiones de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), el financista Ernesto Clarens y José López (ex secretario de Obras Públicas), quienes se refirieron a CPC SA -constructora del Grupo Indalo- como parte de las firmas involucradas en la estructura investigada.

Vale destacar que los trámites para sacar del penal de Ezeiza a los dueños de Indalo habían comenzado cuando el TOF 3, que los juzga por el supuesto fraude al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil.

Durante la instrucción de ese expediente, la Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.